El anteproyecto de ley que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad para la liberalización de servicios profesionales afectará al régimen de colegiación establecido hasta ahora. El propio ministro del ramo, Luis de Guindos, adelantó en septiembre que estar colegiado "de modo obligatorio" solo se mantendría en los casos "estrictamente justificados", lo que permite augurar una disminución de la colegiación obligada para ejercer una determinada profesión. Colegios gallegos consultados advierten del riesgo que supondría eliminar las funciones de los colegios, sobre todo en cuanto al "intrusismo profesional" que podría provocar y al "propio control de calidad del trabajo", que afectaría al ciudadano si finalmente la norma abre el abanico de profesionales para una titulación concreta.
La Unión Profesional de Galicia, que representa a más de 40 colegios profesionales de la comunidad (algunos autonómicos y otros con sede en las cuatro provincias), desconoce qué profesiones pasarán de colegiación obligatoria a voluntaria, según avanzó ayer su presidente, José María Arrojo. Piden al Ministerio de Economía que establezca un diálogo con los colegios, "porque es fundamental que muchos trabajos los sigan haciendo los titulados para ello", las llamadas reservas de actividad que la ley de servicios profesionales del Gobierno también tocará. Desde los colegios de la rama sanitaria se niegan a que pueda modificarse la obligatoriedad de colegiarse: "sería nefasto para el funcionamiento y la calidad de la sanidad".
El borrador del anteproyecto de ley que el Gobierno quiere aprobar en el primer trimestre del año destaca las obligaciones de colegiación "para 15 actividades con reserva de funciones más registradores y notarios", enumerando varias profesiones sanitarias, jurídicas y técnicas. "El resto de los colegios serían voluntarios", consta en el documento.
"La regla general será que el colegio sea autonómico y, excepcionalmente, de ámbito provincial", plantea el borrador entre otros supuestos del tipo: "La Administración Pública ejercerá funciones de tutela respecto de las potestadas públicas que tengan encomendadas los colegios" o "se introduce como infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios el ejercicio irregular de la profesión". También incide la normativa que elabora el Gobierno en la "clarificación del régimen económico de los colegios, fomentando la transparencia".