Ence tiene claro su objetivo: la permanencia en Lourizán. Y le gustaría dejar de estar en el centro de la polémica por una aspiración que considera legítima y económica, laboral y socialmente satisfactoria para todos. "Trataremos de quedarnos aquí" reiteraba ayer el presidente del Grupo Ence Energía y Celulosa, Juan Luis Arregui, quien se desplazó a Pontevedra, acompañado por el consejero delegado de la compañía, Ignacio Colmenares, para presentar el informe "La contribución de Ence al desarrollo social, económico y ambiental de Galicia", realizado por la consultora KPMG. En el acto estuvieron presentes también José Luis Blasco, representantes de esta última firma, y Antonio Casal, director de la planta de Lourizán.
Este informe encargado por la empresa pretende, en palabras de Arregui, "arrojar luz, rigor y transparencia al debate sobre el futuro de Ence en Pontevedra" el cual "debe sustentarse en un conocimiento serio y profundo de lo que es la empresa" y para ello pone sobre la mesa datos que hablan del impacto laboral y económico de la fábrica de Ence, de su gestión ambiental y de la repercusión de la actividad en el desarrollo rural. KPMG cita cuestiones como la generación de más de 5.000 empleos en la comunidad, de ellos 329 directos en la fábrica de Lourizán, 800 en los municipios de Pontevedra, Marín y Poio y 2.073 en el sector forestal; una aportación económica al PIB autonómico de 459,4 millones de euros o pagos a proveedores por valor de 176,6 millones. También hace hincapié en que son una pastera con una producción totalmente libre de cloro desde 1997 y que desde 2006 se han invertido cerca de 160 millones de euros en mejoras ambientales y que cumplen, con creces, todas las exigencias de la normativa "verde" nacional y europea. Además la compañía apuesta por la explotación "sostenible" del bosque gallego lo que acredita con la certificación de sus masas forestales y con una interrelación directa 1.800 productores.
"Eso es Ence, una empresa que genera empleo y riqueza", que además cuenta con un balance "saneado y solvente" y una gestión ambiental "eficiente y responsable", subrayaba el consejero delegado del grupo. Son razones, todas ellas, que avalarían su aspiración a permanecer en Lourizán, la única ubicación que la compañía maneja desde que en el año 2007, poco después de que se convirtiesen en accionista mayoritario, un dictamen de la consultora finesa Pöyri determinase la "inviabilidad económica" de un hipotético traslado -cifra en 700 millones de euros la construcción de una nueva celulosa- y la inexistencia de una ubicación alternativa idónea en Galicia.
Modernización
Desde este momento los responsables de Ence se centraron en modernizar la fábrica y en negociar con las administraciones (Xunta y Gobierno) posibles consensos para prorrogar su permanencia en los terrenos de dominio público que ocupan en las marismas de Lourizán. A día de hoy, y con la puerta abierta por la nueva Ley de Costas a las prórrogas a las concesiones industriales en el litoral, la compañía prepara la solicitud de dicha ampliación que tendrá que presentar, cuando corresponda, ante el Ministerio de Medio Ambiente. La Xunta emitirá un informe ambiental, que el conselleiro de Medio Ambiente y el presidente autonómico, califican de "determinante" a pesar de lo cual, con la ley en la mano, la última palabra la tendrá el Gobierno.
Permanencia o cierre. Son las dos únicas opciones que maneja el grupo que lidera Juan Luis Arregui. Y lo ha hecho desde que adquirieron el Ence. "No hay que sobreponderar la fábrica de Pontevedra" explicaba ayer Ignacio Colmenares, "cuando el señor Arregui compra la mayoría de las acciones de Ence ocurre lo mismo que hoy: Pontevedra es un tercio de la actividad del grupo. Había cosas que estaban mejor, otras peor, cosas que podían crecer... por ejemplo, la fábrica de Navia producía en esos años 200.000 toneladas anuales de pasta y hoy medio millón; no generábamos energía con biomasa y hoy generamos muchísima... Se compra un grupo que está en proceso de transformación y que se puede transformar, que tiene potencialidades y que tiene problemas como la no posible prórroga de la concesión de Pontevedra. Hay que hacer un análisis global".
Y es en este contexto global es en el que Ignacio Colmenares afirma que el traslado "nunca ha sido un escenario aceptable" y por eso la dicotomía es "seguir (en Lourizán) o trasladar la actividad a nuestros otros complejos industriales (Navia y Huelva)".
En cualquier caso Colmenares y Arregui coincidían en señalar, con el aval del informe elaborado por KPMG y los datos ambientales auditados por la Xunta, que están en disposición de cumplir todos los requisitos marcados por Ley de Costas para ser merecedores de una prórroga de la concesión de los terrenos.
"¿Por qué nos tenemos que ir si cumplimos la ley?" se preguntaba Arregui para, a continuación añadir " Si aquí nos tuviésemos que ir porque no le gusta a alguien la cara... " añadía.
Impacto en Pontevedra
Ser "buen vecino" y "querido" es un reto que se le resiste a pesar de que, tal como resaltan sus máximos responsables, el impacto de la fábrica en Pontevedra y su entorno es innegable. Además de 329 empleos directos en la fábrica, Ence genera 800 puestos de trabajo en Pontevedra, Poio y Marín, en donde también gasta 24 millones de euros anuales en provisiones.
El impacto económico generado por la empresa en Galicia, según la extrapolación de KPMG equivale al 28,16% del PIB del ayuntamiento de Pontevedra.
