El conflicto laboral de la mayor empresa de Vilagarcía rebasa fronteras. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, visitó ayer a los trabajadores de Lantero en el campamento que estos tienen montado frente a la fábrica desde que hace 72 días iniciasen una huelga indefinida por el ERE extintivo presentado por la compañía cartonera. Tras interesarse por la situación de los huelguistas, Lara anunció en el polígono de O Pousadoiro que solicitará en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para conocer las gestiones que realizará para salvar los 56 puestos de trabajo (un 42% de las 131 personas que forman la plantilla) que están en la picota. Asimismo, el líder izquierdista preguntará en la Cámara baja si la empresa cartonera cuenta con subvenciones del Estado y de la Unión Europea y si esas ayudas -de existir- comprometen el mantenimiento del empleo en Vilagarcía.

El objetivo es que el conflicto de Lantero "suene a nivel estatal". "Vamos a hacer ruido", garantizó Lara a los trabajadores. No obstante, no ocultó que sus esperanzas de que el Gobierno de Rajoy mueva ficha en este sentido son escasas, teniendo en cuenta -recordó- que fue impulsor de la reforma laboral que precisamente permite la presentación de un ERE extintivo como el que Lantero tiene ahora sobre la mesa y que ejecutará ya en enero al concluir sin acuerdo el proceso de negociación -hoy finaliza el periodo de consultas-.

Una vez que la compañía comunique la aplicación del ERE a la autoridad laboral y al comité de empresa -el plazo concluye el 30 de diciembre- será cuando la plantilla pueda acudir a los tribunales para solicitar la impugnación del ERE. Cayo Lara espera "que la Justicia actúe de la misma manera que en Coca-Cola y Panrico". "Deseamos que el Gobierno pudiese ser sensible con este conflicto, aunque ahora tenemos más confianza en la Justicia que en el Ejecutivo", expresó.

Acompañado de los diputados de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Yolanda Díaz y Juan Fajardo, el coordinador de Izquierda Unida hizo especial hincapié en que el ERE de Lantero "no se ajusta a la legalidad vigente" porque, entre otros motivos, "no hay razones económicas" para despedir casi a la mitad del personal.

"No hay pérdidas ni una bajada sustancial de beneficios. Los despidos son para disminuir los salarios de entre 22.000 y 23.000 euros de media a 15.000, y para que la empresa obtenga más beneficios", apuntó Lara, quien considera "fundamental" la unidad de los trabajadores y de la acción sindical, así como la solidaridad de la población, dos aspectos que se cumplen a rajatabla en el caso de Lantero.