Portugal vota hoy la eliminación de los peajes en la autovía que conecta la frontera y Oporto

Con el segundo expediente de la Comisión Europea a España sobre la prórroga de la AP-9 hasta el 2048 todavía caliente y encima de la mesa, los gallegos vuelven a repetir medio siglo después uno de sus refranes más populares: Menos mal que nos queda Portugal.

La Assembleia da República vivirá hoy una jornada histórica en la que se votará el fin de los peajes en la A-28 que conecta Oporto, Viana do Castelo y la frontera en Caminha. Esta autovía forma parte de las antiguas Scut implantadas hace 15 años y ofrece una conexión rápida y más barata que la de la A-3.

La Comisión Europea apunta que la prórroga de la AP-9 se utilizó para encarecer la venta de la autopista

La iniciativa parte de un proyecto de ley del Partido Socialista y permitiría crear una conexión de alta capacidad gratuita entre Galicia y el norte de Portugal.

La propuesta anunciada a principios de abril por el exministro de Infraestructuras y actual líder del partido, Pedro Nuno Santos, cuenta con el apoyo del Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués.

Sin embargo, y pese a contar con 87 votos entre distintos partidos de la oposición, la geometría actual del legislativo (230 asientos) provoca que el resultado sea incierto.

Diferentes posturas de los partidos

Además de las diferencias entre los dos partidos de izquierda de la cámara lusa a la hora de liberar las concesiones, el PS deberá negociar después de que las formaciones de centroderecha del Gobierno presentaran su propia resolución. PSD y CDS han apostado por una “reducción gradual y financieramente responsable de los peajes en el interior y grandes áreas metropolitanas del país” tal y como reseña la prensa lusa.

Desde la ultraderecha de Chega (50 escaños) han presentado un proyecto sin fuerza de ley para la implementación de un plan gradual para eximir de su pago. Los liberales de IL reclaman evaluar el costo-beneficio y los animalistas del PAN piden renegociar los contratos de colaboración con las empresas privadas.

Sin embargo, desde las filas socialistas consideran que es una propuesta “factible, justa y oportuna”. Así lo ratifica Isabel Ferreira, exsecretaria de Estado de Desenvolvemento Regional y responsable de la ponencia. La diputada asegura que su partido ha “sido coherentes en su compromiso con la reducción gradual de las tarifas de los peajes hasta su eliminación” con bonificaciones en los últimos años.

Pese a votar en contra de esta misma propuesta en 2018 y 2023 –con mayoría absoluta en este caso– la vicepresidenta del grupo parlamentario socialista cree que en ese momento el Gobierno estaba “todavía en un proceso de paulatina reducción de peajes con un grupo de trabajo para estudiar sus costes asociados a movilidad y descarbonización”.

Esto suma un paralelismo más entre la situación al norte y sur del río Miño. En España el PSOE se ha comprometido a eliminar los peajes de la Autopista del Atlántico, siendo su gratuidad una de las promesas de Besteiro en las elecciones gallegas de febrero.

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha definido públicamente su posición sobre el expediente de la Comisión Europea de la prórroga de la concesión de esta autopista hasta el 2048 ni cómo se convertiría en “pública”. También se ha opuesto en los últimos años a su traspaso a Galicia.

Herida del rescate de 2010

La propuesta incluye también otras autopistas como la A4 (entre Vila Real y Bragança), la A13 y A13-1 (conexiones de Coímbra y Setúbal por el interior), la A22 (longitudinal del Algarve hasta Ayamonte) y la A25 entre Castelo Branco y Guarda en el interior del país.

Todas estas infraestructuras forman parte de las consideradas autopistas SCUT (Sem Custo para o UTilizador) impulsadas desde 1997 por el actual secretario general de la ONU, António Guterres. Sin embargo, la gravísima crisis económica provocó que entre octubre de 2008 y 2010 se fueran implantando peajes “blandos” en estos viales.

Portugal rebaja peajes un 30% pero deja fuera la principal autovía de pago con Galicia

Ese año la Troika aplicó un rescate económico al país e intervino de forma directa en su política, obligando a instalar pórticos electrónicos de pago pese a la fuerte contestación política, social y empresarial a ambos lados de la frontera.

Tras una caída del 30% en el tráfico durante los primeros años, las cifras se recuperaron antes y después de la pandemia; la A-28 que une Oporto y Galicia por la costa se ha consolidado como la mejor alternativa a la autopista A-3 por Braga, siendo mucho más económica.

Transportes se pronuncia sobre la AP-9: “Que la expliquen otros”

El Ministerio de Transportes reaccionó esta semana por primera vez al informe de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), que considera la prórroga del peaje de los peajes de la AP-9 y AP-66 (en Asturias y León) es ilegal y sostiene que el Gobierno del PP de José María Aznar amplió la concesión a Audasa y Aucalsa en el año 2000 para luego sacar más dinero con la privatización que se hizo de esa empresa en 2003.

Puente señala a Aznar por la prórroga de la AP-9 hasta 2048 y rechaza publicar la postura del Gobierno

José Antonio Santano, secretario de Estado y número dos de Puente, aseguró en Gijón que “fueron otros los que tomaron esas decisiones (sobre la prórroga) y son otros los que deberían dar explicaciones”. “Solo puedo decir dos cosas. No fue un gobierno de nuestro color el que tomó esas decisiones, fue Aznar. Nosotros sí hemos hecho algunas cosas importantes como bonificar peajes”, añadía en Asturias. La Comisión ha dado al Gobierno central dos meses para responder a ese informe.

El Ejecutivo formado en la pasada legislatura y liderado por el PSOE, cuando Raquel Sánchez era ministra de Transportes, defendió la legalidad de la ampliación del PP. De momento, el equipo actual del Ministerio mantiene la prudencia a falta de dar a conocer su posición definitiva.

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