Un caso que ha ido acumulando elementos especialmente escabrosos desde el inicio y que ahora escribe sus últimos compases antes de llegar a juicio. Arrancó con la denuncia de una mujer latinoamericana que se vio supuestamente retenida y obligada a realizar las tareas domésticas en tanga en un piso de Vigo y ha acabado destapando una trama que suma al menos ocho víctimas: ocho mujeres que acudieron confiadas a a esa vivienda de la avenida de Castrelos por una oferta de empleada de hogar interna para un matrimonio con una niña pequeña y que, como entrevista de trabajo, se encontraron con que se las obligaba a pasar por una "exploración vaginal".
El principal investigado falleció tras lanzarse al vacío desde la ventana del piso el día de su arresto, en pleno registro domiciliario, y su esposa permanece desde entonces en prisión provisional.su esposa prisión provisional. Han pasado nueve meses y la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo está ya tocando a su fin. Y, dado todo lo que se ha podido descubrir y esclarecer gracias a los testimonios de las perjudicadas y las pruebas practicadas, han salido a la luz nuevos delitos que la Fiscalía solicita para la investigada, una mujer de origen panameño y de 46 años de edad.
Cuando ingresó en A Lama en octubre de 2019 y en la causa solo constaba como víctima la primera denunciante, la magistrada de guardia le imputó inicialmente, y a la espera de lo que deparasen las pesquisas, los siguientes delitos: una modalidad agravada de detención ilegal, otro contra la libertad sexual, vejaciones y uno más de amenazas graves.
Pues a medida que avanzó la instrucción el número de afectadas fue creciendo hasta las ocho mujeres que constan en la actualidad, varias originarias de Guatemala, Nicaragua o Colombia. Algunas estaban ya en Vigo cuando respondieron a ese anuncio de internet de un trabajo de asistenta de hogar, pero otras, según habrían relatado, habrían viajado a la urbe olívica desde sus países tras ser contactadas a través de internet presuntamente por la investigada para ofrecerles dicho empleo. La mayoría de víctimas eran especialmente vulnerables, elemento que al parecer buscaba el matrimonio para asegurarse de que cayeran en el engaño.
Testimonios
Con los testimonios de las mujeres y otras diligencias practicadas durante las indagaciones judiciales, relacionadas por ejemplo con el volcado de los teléfonos móviles y otros dispositivos incautados en la vivienda de Castrelos donde ocurrió todo, la Fiscalía realizó recientamente un informe con todos los delitos que solicita para la encarcelada: junto al de detención ilegal, amplía a más delitos contra la libertad sexual, de trata de mujeres y contra los derechos de los trabajadores. Dado este avance, el juzgado instructor señaló ayer la comparecencia de la investigada para comunicarle estos cargos.
La mujer asistió por videoconferencia desde el centro penitenciario pontevedrés y se acogió a su derecho a no declarar. Pesa a que había problemas con el sistema telemático, esta comparecencia se pudo llevar a cabo. No así otra relacionada con una causa con preso por tráfico de drogas de otro juzgado, que se tuvo que suspender debido a que solo funcionaba el sonido y no se podía ver la imagen del imputado en la sala donde se encontraba en A Lama. No es la primera vez que hay problemas con las videoconferencias que se hacen con prisión, ahora con más frecuencia debido a las precauciones sanitarias del Covid-19.
Sobre la causa de las asistentas de hogar todo apunta a que, tras el movimiento judicial de ayer, resta poco para que la jueza dicte el auto para concretar definitivamente las imputaciones y seguir con los trámites de cara a que el caso se eleve para juicio. Antes de esa vista la Fiscalía y demás partes personadas deberán presentar sus escritos de acusación y, en el caso del abogado de la investigada, de defensa.
