El alcalde, Abel Caballero, ha remitido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, su propuesta de ley para impulsar el Área Metropolitana de Vigo en la que apuesta por aplicar el "modelo Barcelona", y como alternativa un texto que modifica de manera notable la norma reguladora actual del organismo, aprobada en 2012 pero que nunca llegó a ponerse en práctica por el desacuerdo del Concello olívico con sus términos. Aunque la preferencia clara de Caballero es la aplicada en la Ciudad Condal y su territorio de influencia por estar probada con éxito, ambas opciones enviadas al presidente autonómico coinciden en aumentar en los órganos de gobierno el peso de Vigo, que tiene prácticamente garantizada la presidencia -aunque no de forma automática- pero necesita de apoyos de otros alcaldes para dirigirla. La urbe olívica, además, recibiría un trato de las administraciones central, autonómica y provincial "similar al de una capital de provincia".
Las dos propuestas plantean una asamblea de 53 miembros en la que Vigo, con el 61,5% de población, tendría el 45% de los representantes, el mismo porcentaje que en las iniciativas legislativas y proyectos presentados al Parlamento antes de los cambios introducidos en la ley final. El planteamiento de Caballero se traduce en veinticuatro integrantes para Vigo en vez de los 17 que le otorga la norma aprobada, en la que la participación de la ciudad es del 37%.
El "modelo Barcelona" centra las competencias ejecutivas en el presidente, que para ser elegido debe contar con el apoyo de los alcaldes de municipios que superen los dos tercios de la población del Área, puntualizando la propuesta para Vigo que tienen que avalarlo al menos tres municipios, de modo que la ciudad necesita dos o más aliados para asegurar la presidencia. La junta de gobierno tendría funciones de asistencia al presidente, que nombraría al equipo a propuesta de la asamblea.
La opción de la ley actual corregida recoge que el presidente es elegido por mayoría absoluta en primera votación o simple en la segunda, lo que, con el aumento de la representación de Vigo, facilita que el cargo recaiga en el alcalde o alcaldesa de la ciudad. El grueso de las competencias con la norma en vigor reside en la junta de gobierno, formada por los 14 regidores, y todos tienen el mismo peso. Un reparto inaceptable para Caballero, que plantea, en caso de pactar con la Xunta una modificación de la ley vigente, que las decisiones se adopten en junta de gobierno con voto ponderado siguiendo el peso de cada municipio en la asamblea, con lo que el de Vigo valdría el 45%.
La norma de 2012 aplica para asignar el número de miembros que corresponden a cada partido por Concello en la asamblea metropolitana el sistema D´hont, el que rige para decidir la distribución de cargos electos en los comicios. Caballero defiende una proporcionalidad directa a la representación de cada grupo político en las diferentes Corporaciones al entender que es más justo.
El "modelo Barcelona", por otra parte, plantea un Consejo de Alcaldes que no existe en la ley gallega. Este órgano, integrado por todos los regidores, puede presentar propuestas de interés para el Área y emitir informes sobre cuestiones importantes como modificación de los límites metropolitanos o la aprobación del Plan Director Urbanístico.
Traspaso de competencias
Otro factor significativo que introducen las dos opciones del alcalde es un programa temporal de transferencia de competencias al Área para que los traspasos se produzcan de manera progresiva y consensuada, evitando el recelo de los ayuntamientos a delegar servicios. "Las competencias que la presente Ley atribuye al Área Metropolitana de Vigo serán asumidas y ejercidas de forma gradual en función del calendario de actuación que a estos efectos elabore la junta de gobierno y apruebe la asamblea", reza el texto. Para el traspaso de servicios se crearía una comisión paritaria entre cada administración local y la metropolitana.
Además, en la opción de la ley corregida desaparece el comité de cooperación con la Xunta y la Diputación, -que la norma aprobada considera "de singular importancia"-, al estimarse innecesaria.
El Área estaría formada en origen por los 14 ayuntamientos incluidos en la ley vigente: Vigo, Baiona, Cangas, Fornelos, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos, Porriño, Redondela, Salceda, Salvaterra y Soutomaior. Las competencias tampoco variarían, estando divididas en siete bloques: turismo y promoción cultural; movilidad y transporte público: medio ambiente, aguas y gestión de residuos; prevención y extinción de incendios; protección civil y salvamento; ordenación territorial y cooperación urbanística; y coordinación de tecnologías de la información.
El transporte urbano sigue en manos del Concello
- Otro aspecto importante que cambia respecto a la ley actual es que a las referencias a la gestión del transporte público se le añade el matiz "metropolitano", de forma que se garantice que el urbano de Vigo seguirá en manos del Concello sin implicar una transferencia inmediata de la competencia al Área. El servicio podría pasar a ser compartido solo si así lo decide la Corporación.También hay modificaciones respecto a la ley vigente en la Comisión de Ordenación del Territorio, encargada de la planificación urbanística y la aprobación en última instancia de los planes generales. La modificación propuesta por el Concello da más peso a Vigo al recoger que cinco miembros -la cuarta parte del órgano- serán nombrados por el regidor olívico. La mayoría, no obstante, seguirá siendo de la Xunta por voto de calidad.
Elimina la cuota fija por habitante y no prevé ningún recargo por IBI
- El planteamiento de Caballero incluye cambios en la financiación del Área y suprime la aportación fija de cada ayuntamiento en función del número de habitantes. El Concello lo considera injusto ya que Vigo tiene el 62% de población pero un 45% de representación en los órganos de gobierno. Aboga en todo caso por que se acuerde la aportación en la asamblea a propuesta de la junta de gobierno. Además no se prevé la posibilidad del recargo sobre el IBI ni ningún otro de impuestos municipales o de la Xunta. El grueso de los recursos, recogen las propuestas, "provendrá de las aportaciones de los municipios, tasas y precios públicos, cánones, transferencias de otras administraciones por delegación de competencias, y participación en los tributos del Estado y la Xunta".
