El Concello de Vigo necesita vender al menos la mitad de los pisos de la calle Rosalía de Castro para sufragar los terrenos de la Ciudad de la Justicia. Las 40 viviendas municipales están tasadas en unos 10 millones de euros, con 2.800 euros el metro cuadrado, por lo que será preciso encontrar a 20 compradores para recaudar el dinero que se invierta en el suelo de la nueva infraestructura judicial. El coste del proyecto para las arcas municipales ronda los 4,2 millones de euros, ya que de los 5 millones que cuestan los terrenos habría que deducir el valor de una parcela del Concello, aproximadamente 1,17 millones, según la tasación realizada en 2012.
"El precio de los pisos todavía puede variar mucho y será el mercado el que finalmente fije el valor", aseguran los técnicos de Urbanismo. Todo ello dependerá de la salida que tengan las viviendas y los compradores que aparezcan para unos pisos situados en una zona privilegiada de la ciudad. De los 40 pisos propiedad del Concello, 20 de ellos son de entre 95 y 112 metros cuadrados, mientras que los otros 20 miden entre 75 y 80 metros. En el área de Rosalía, el valor del metro puede alcanzar los 4.000 euros. En este caso, los pisos se encuentran en buen estado pese al tiempo que llevan cerrados y tan solo hay problemas con humedades en algunos de ellos.
"Hemos encargado un cálculo del incremento patrimonial que supone para el Ayuntamiento, aunque atendiendo a los valores de la zona a mediados de 2012 podríamos hablar de más de 10 millones de euros", indican desde Urbanismo. La urbanización de Rosalía de Castro fue aprobada en 1993 y 1994 con el exalcalde Carlos Príncipe y los votos favorables de PP, PSOE, BNG y PSG-EU, es decir, todos los grupos que entonces formaban la Corporación municipal, pero en 1997 se declararon ilegales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló los proyectos de compensación y urbanización, fallo que fue ratificado por el Supremo en el año 2001. La cesión del subsuelo para instalar un parking privado, la separación de la planta baja del entresuelo y la instalación de la gasolinera en la calle República Argentina fueron algunas de las irregularidades que determinó la sentencia.
La situación dejó en desamparo a numerosos propietarios, entre ellos el Concello de Vigo, que acumuló en la zona 50 viviendas vacías de alto valor inmobiliario durante casi dos décadas. Gracias al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se encontró encaje para la legalización de los inmuebles y Urbanismo procedió hace ya dos años a inscribir en el Registro todos sus pisos. En noviembre de 2011 comenzaron a concederse las licencias y hace año y medio, se legalizaron otros cinco edificios de Rosalía de Castro con un total de 190 viviendas.
El pasado mes de junio, fueron traspasadas 10 de esas 50 viviendas a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para evitar el pago de una indemnización de tres millones de euros y cerrar así el litigio que mantuvieron el Concello y Adif a raíz del desarrollo urbanístico llevado a cabo a finales de los años 90 en terrenos propiedad de Renfe. Las diez viviendas corresponden a los bloques número 12 y 14 de República Argentina, zona en la que se encuentran los otros 40 pisos de propiedad municipal.
Con el objetivo de desbloquear definitivamente el desarrollo de la Ciudad de la Justicia, el alcalde ha decidido sacar a la venta estas viviendas, aunque no será sencillo tal y como está el mercado inmobiliario.