La adjudicación del contrato para la construcción del parque temático en Castrelos ha provocado una auténtica batalla entre socialistas y populares. El PP en el Concello considera un “escándalo” que la empresa adjudicataria, pese a obtener la máxima puntuación en los informes técnicos, esté ligada directamente a la actual portavoz de la ejecutiva local del PSOE vigués, Julia López. Ésta ocupa el cargo de delegada de la sociedad “Samyl SL” que resultó ganadora del concurso, por una amplia diferencia, sobre las otras nueve que habían concurrido. El presupuesto de adjudicación asciende a 950.000 euros.
El grupo socialista en el gobierno municipal replicó de inmediato a las acusaciones del PP y señaló que todo el proceso se realizó legalmente. Además, el edil Santos Héctor aseguró que el concejal popular, Antonio Martiño, miembro de la mesa de contratación, votó a favor cuando se hizo la propuesta de adjudicación. El propio Martiño reconoció ayer que sí votó a favor en esa reunión de la mesa de contratación, “pero allí sólo vemos los informes de los técnicos y las puntuaciones, no aparecen en ningún momento los nombres de las personas que trabajan en las empresas ni sus posibles vinculaciones”.
La acusación de “amiguismo” lanzada por el Partido Popular se sustenta, según el portavoz del grupo, José Manuel Figueroa, en que los socialistas sí deberían de conocer la vinculación de su portavoz en la ejecutiva local con la empresa adjudicataria. Santos Héctor quiso contrarrestar esta denuncia al señalar que “si se pone en cuestión la idoneidad de una adjudicación de este tipo, en la que hay suficiente diferencia de puntos con respecto a las demás ofertas, se está cuestionando la independencia de los distintos técnicos que realizaron los informes y las propias puntuaciones en cada uno de los apartados que se exigían”. El concejal fue más lejos al rechazar esas acusaciones y manifestó que “es una empresa que trabaja en Valladolid con un contrato de la Diputación, que gobierna el PP, y en Vigo se presentó al concurso de limpieza de colegios y no ganó, por lo que no puede haber amiguismo y el PP debería de pedir disculpas al gobierno municipal”.
Una explicación que no convenció a la oposición, que insistió en que se debía de conocer la vinculación política de la delegada de la empresa en la ciudad.
La mesa de contratación del Concello de Vigo está compuesta por los concejales Santos Héctor (PSOE), Xesús López (BNG) y Antonio Martiño (PP). Si alguno de ellos falta y no hay persona que lo sustituya dentro de su grupo, la mesa no puede celebrar la sesión, según la actual ley. Además, se completa con el interventor municipal o persona delegada, un miembro de la asesoría jurídica y un técnico del departamento de Contratación.
Permisos
La crítica del PP al proyecto del parque se centra en otros aspectos, como las exigencias que figuran en el informe jurídico que acompaña al expediente.
Según la edil Mariel Larriba, “en ese informe se dice claramente que antes de que se inicien las obras, y al estar la totalidad del parque catalogado como Bien de Interés Cultural, es necesario un informe previo de Patrimonio de la Xunta; además, como el proyecto afecta al cauce del río Lagares, que también tiene protección, es necesario otro informe de Augas de Galicia y que sepamos, a día de hoy [por ayer] ni siquiera se han solicitado”.
El inicio de las obras está previsto para el próximo mes de enero.
