Al fin el IBI ha frenado su escalada. Tras los sucesivos “catastrazos” que llegaron a disparar la recaudación un 45 por ciento en una década, en 2019 los ingresos municipales por este tributo cayeron a 533 millones de euros, lo que supone 23 millones menos que la cuantía del año anterior. La razón es el fin del proceso de regularización catastral para detectar bienes ocultos que se desarrollo entre 2013 y 2018. Durante ese periodo además de aflorar 450.000 inmuebles sin declarar, se cobraron con efecto retroactivo a los propietarios los atrasos correspondientes a los cuatro años anteriores, lo que infló aún más los recibos. Finalizado ese proceso de revisión la recaudación, aunque se mantiene en niveles altos, experimenta un ligero descenso del 4 por ciento.
Los gallegos han visto como el recibo del IBI en la última década se encarecía cada vez más. Fueron varias las razones. Por un lado, el Gobierno decidió en 2011 subir los tipos que se aplicaban a este impuesto, pero además se hizo una actualización exprés en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este tributo para adaptarlos a la situación del mercado inmobiliario. Finalmente llegó el proceso de regularización catastral para destapar bienes ocultos. Se peinó Galicia concello a concello en busca de inmuebles sin declarar: nuevas construcciones, ampliaciones, reformas y cambios de uso e incluso piscinas.
Esta revisión finalizó en diciembre de 2018. Se descubrieron 447.910 bienes aflorados, que hasta la fecha no pagaban IBI. Eso supone para los propietarios un incremento medio en el recibo de 113 euros al año, a los que hay que sumar la liquidación de atrasos por no haber declarado esas edificaciones con anterioridad: unos 300 euros más de media. Y además el Catastro les cobró una tasa 60 euros para regularizar sus propiedades.
Esta revisión catastral supondrá, por tanto, un encarecimiento del recibo del IBI para los gallegos que se mantendrá en el futuro. Sin embargo, los propietarios ya se pusieron al día con los atrasos y eso se ha traducido en un descenso de la recaudación para los concellos de 23 millones de euros en 2019. Así consta en las liquidaciones presupuestarias de las entidades locales que acaba de hacer públicas el Ministerio de Hacienda.
En todo caso, la cuantía que obtienen los ayuntamientos por el IBI sigue en máximos. Hace una década ingresaban 382,9 millones de euros. Esta cifra se ha ido incrementando año tras año hasta llegar en 2018 a 556 millones. Ese año se puso fin al proceso de regularización catastral y en 2019 los ingresos se situaron en los 532,9 millones.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) explica que el cobro de los atrasos con efectos retroactivos se hizo “fundamentalmente en 2017 y 2018”. “Ahora ya se ajusta la recaudación al crecimiento normal”, aclaran.
Esta tendencia se observa también a nivel nacional, aunque el descenso es mucho menor que en Galicia (un 0,4 por ciento menos). La razón es que la regularización catastral tuvo un mayor impacto en la comunidad gallega, que fue la segunda donde se afloraron más inmuebles sin declarar, solo por detrás de Andalucía.
La fuerte subida que algunos gallegos experimentaron en su recibo del IBI tras la revisión catastral motivó una avalancha de recursos. En 2019 se presentaron 10.340 reclamaciones.
Según las estadísticas del Ministerio de Hacienda, los concellos donde más se notó la caída de la recaudación en 2019 fueron los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes: obtuvieron 12 millones menos. En las urbes de más de 100.000 habitantes los ingresos por el IBI pasaron de 160 millones a 154,5 millones.
Y estos son los datos del IBI urbano, pero también hubo un descenso del impuesto que grava los suelos rústicos. De 20,4 millones ingresados en 2018 se pasó a 19 millones. En este caso, los tipos que aplican los concellos son muy bajos y, en ocasiones, la dificultad de localizar a los propietarios deriva en que se dejan de recaudar un número importante de recibos.
Otra fuente de ingresos para los concellos es el IBI que se aplica sobre inmuebles de características especiales –instalaciones de producción eléctrica, autopistas, aeropuertos...–. En 2019 obtuvieron 32,8 millones de euros, casi un 2 por ciento más que el año anterior.
El tributo de plusvalías sigue al alza pese a la sentencia que lo tumba
El IBI es la principal fuente de ingresos de los concellos gallegos. Dos de cada diez euros de las arcas municipales proceden de este gravamen. Su peso en el conjunto de los ingresos municipales ha ido creciendo precisamente a raíz de los “catastrazos”. Hace diez años la recaudación por el impuesto sobre los bienes inmuebles era menos del 16 por ciento de la totalidad de los recursos de los que disponían las entidades locales. Ahora es ya el 23 por ciento del total. El segundo tributo que más aporta a las arcas municipales es el impuesto de plusvalías, que tampoco está exento de controversia. Una sentencia del Tribunal Constitucional tumbó este tributo en aquellos casos en los que la venta del inmueble no genera ganancia para el propietario. Mientras permanece bloqueada en el Congreso la reforma de la Ley de Haciendas Locales que fijará los criterios para realizar el cálculo para cobrar este gravamen, los concellos siguen elevando su recaudación. En 2019 fueron 47,7 millones, frente a los 45 millones del año anterior.
