El proceso extraordinario de regularización catastral concluyó en 2018, pero más de dos años después continúan sus efectos, ya que la inspección masiva de bienes inmuebles sin declarar afectó directamente a los bolsillos de los contribuyentes al tener estos que pagar más impuestos –el IBI– por sus propiedades. Así, los recursos de los ciudadanos contra la Dirección General del Catastro se multiplicaron por cinco en tres años. De los 2.214 registrados en 2017 se llegó a los 10.340 el pasado ejercicio,
Estas reclamaciones están relacionadas directamente con la regularización catastral que arrancó a finales de 2013. Si bien el proceso extraordinario de revisión terminó en 2018, posteriormente se efectúa la notificación de los resultados a los propietarios y se abre un periodo de alegaciones, lo que llevó a que “muchos recursos se substanciaran en 2019”, según precisa el Ministerio de Hacienda, del que depende el Catastro.
En 2018, las reclamaciones ascendieron a 9.141 y con las del pasado año ya son más de 25.000 los gallegos que pleitearon contra el Catastro por no estar de acuerdo con la valoración nominal de la propiedad o su superficie –lo que incide en el cálculo del IBI que posteriormente se paga al concello correspondiente– o con la titularidad asignada.
Los recursos son la última vía de los afectados para intentar frenar los efectos del catastrazo una vez que ya se ha cerrado la revisión. Durante el proceso de regularización los propietarios pueden interponer alegaciones. Los inspectores no siempre aciertan y se producen errores. Además de rastrear in situ los inmuebles ocultos, también usan fotos aéreas y puede haber imprecisiones. Si es así, se corrigen. Si no, se sigue con el procedimiento y se regularizan los bienes ocultos. Cuando esto sucede, y el afectado sigue insatisfecho con el resultado, queda la vía de recurrirlo ante Hacienda.
El Catastro investigó no solo inmuebles que están ocultos al fisco, como galpones, establos o piscinas, sino también rehabilitaciones, ampliaciones o cambios de uso que puedan subir el valor de la propiedad y, por lo tanto, estén sujetos a mayor tributación a través del Impuesto de Bienes Inmuebles.
La revisión catastral se inició a finales de 2013. Dada su complejidad, el rastreo se hizo ayuntamiento por ayuntamiento. La previsión inicial era terminarla en 2016, pero la inspección se alargó dos años más.
Los ciudadanos tienen además otras vías para mostrar su disconformidad con el catastrazo, como acudir al Consejo para la Defensa del Contribuyente. El pasado año recibió 414 quejas procedentes de Galicia, el doble que las registradas un año antes. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda precisan que la mayoría de estas reclamaciones guarda relación con el excesivo retraso en la tramitación de los expedientes por parte del Catastro.
Por provincias, el mayor número de quejas pertenece a la de Pontevedra, con 184, seguida de la de Ourense, con 148, Lugo (43) y A Coruña (43).
Una segunda vía es la que ofrece el Tribunal Económico y Administrativo, al que se recurre cuando se está en desacuerdo con la cantidad a pagar en concepto de impuesto. En este caso, los recursos superaron el millar el pasado año.
Resultado de la inspección
El programa extraordinario de regularización de bienes cuyos propietarios no los habían declarado y, por tanto, no estaban pagando el correspondiente IBI, permitió descubrir nada menos que 447.910 inmuebles en Galicia que estaban a todos los efectos fuera del foco fiscal.
Su inscripción en los registros catastrales –lo que no sirve en absoluto para legalizar construcciones fuera de la ley– supone un mayor aporte de ingresos para las arcas municipales y el Ministerio de Hacienda calculó, en su momento, que la regularización de este casi medio millón de bienes ocultos supondría para los concellos unos fondos adicionales, en concepto del IBI, de unos 50 millones de euros al año. El recibo medio de la contribución por cada bien descubierto sería de 113 euros.
Del total de bienes descubiertos, 104.801 pertenecen a la provincia de Pontevedra, 163.544 a la de A Coruña, 101.860 a la de Lugo y 77.705 a la de Ourense. En toda España, el proceso de regularización alcanzó a algo más de 3 millones de inmuebles.
El 40% se corresponde con nuevas construcciones, mientras que otro 43% son ampliaciones y rehabilitaciones. Las reformas y cambios de uso representan el 15% y las piscinas, solo el 2%. El caso más destacado se da en la provincia de Ourense, donde más de la mitad de los inmuebles no declarados (el 52%) eran de nueva planta.
