Por si era poca la polémica que el recibo de la luz arrastra en estos últimos días ante los precios de récord histórico que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vinculó de nuevo ayer a las exportaciones a Francia y a cuestiones climatológicas -más demanda por el frío y menos producción hidráulica y eólica por la falta de lluvias y viento-, a los consumidores gallegos todavía les queda una sorpresa desagradable más. El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar la orden que obliga a cargar en el bolsillo del ciudadano los impuestos que su comunidad cobre a las actividades eléctricas y así evitar el "sobrecoste" de que lo paguen los clientes de todo el país. En una primera fase, la medida se activará en Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, de las que se tiene "una información más completa". Porque los requerimientos de datos "han sido atendidos de forma desigual" entre las regiones, como critica el Ministerio de Energía, que advierte que esto es solo el comienzo. Que les tocará antes o después al resto. También a Galicia, que aplica un canon eólico -con 23 millones de recaudación- idéntico al de Castilla-La Mancha, donde el tributo a los aerogeneradores es, precisamente, uno de los gravámenes que han llevado a instaurar el llamado "suplemento territorial" para devolver el dinero a las empresas que lo desembolsaron y preservar "la unidad de mercado".
El impacto para los hogares gallegos del canon que desde 2010 la Xunta repercute a los molinos era una amenaza latente. La ley del sector eléctrico en vigor desde 2007 abría la puerta a encarecer la tarifa en una autonomía o un ayuntamiento en caso de contar con tributos sobre el sector. Una posibilidad que se convirtió en imposición con la reforma impulsada en 2012 dentro del paquete de medidas que el Gobierno central sacó adelante para combatir el déficit de las cuentas públicas y mejorar la competitividad. Así que en 2013 estos suplementos territoriales -en la práctica, pagar más por el peaje de acceso que fija el Gobierno para todos los consumidores por el uso de las redes eléctricas- tendrían que haber estado en vigor. No fue así. Y entonces actuó el Supremo.
La Sala Tercera del alto tribunal estimó parcialmente un recurso de Gas Natural Fenosa contra la orden de peajes del Gobierno de 2013 porque las cuantías no incorporaron los suplementos territoriales. La ley era clara. "En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos especiales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma", recogía.
Haz clic para ampliar el gráfico
Igual de contundente fue la sentencia del Supremo, que reprendió al entonces Ministerio de Industria por no haber incluido el incremento en la orden de peajes para las comunidades afectadas, "de modo que los consumidores ubicados en ellas sufragasen los costes derivados de las decisiones de sus propios órganos representativos, los que habían creado dichos tributos". El tribunal recordó además que la primera versión de la orden incluía una partida de 200 millones de euros de ingresos por este concepto, pero desapareció en la versión final del documento.
La inacción del Gobierno llevó al Supremo, como revela el propio Ministerio de Energía en la orden publicada en el BOE, a mandarle una providencia el 21 de diciembre con un apercibimiento de la "imposición de multas coercitivas" si antes de un mes no acata la sentencia. "Ello hace que, sin bien la información remitida por las distintas comunidades autónomas distas de ser completa y, más aún, en algunos casos es inexistente, no pueda demorarse más tiempo la aprobación de la citada orden", justifica, sin que tampoco pueda retrasarla "por referencia" a las cuatro autonomías de las que sí dispone de información completa.
"No obstante -añade, a modo de alerta para las que faltan-, ello no supone la finalización del proceso de recolección de datos, siendo así que, a medida que la información recibida lo permita, podrá procederse al establecimiento de suplementos también para otras comunidades autónomas". Incluso, si en el momento en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realice las liquidaciones, el organismo "dispusiera de información adicional que evidenciase" un error en la determinación de los suplementos territoriales, el ministerio lanzará una nueva orden para corregirlos.
El canon que la Xunta cobra a la eólica, con una recaudación que en 2013 alcanzó los 22,9 de euros, está en el punto de la diana. Es un tributo propio, que descansa, como indica su hecho imponible, sobre "la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica" en Galicia. Exactamente igual que el de Castilla-La Mancha, por el que el Ministerio de Energía aplica el alza en los peajes de acceso allí. Según las cifras que maneja la CNMC sobre el número de clientes del servicio eléctrico que hay en la comunidad, alrededor de 1,7 millones de euros, a cada uno de los consumidores gallegos le tocaría abonar casi 13 euros de media repartidos en 12 recibos. Más del doble de lo previsto, según el supervisor, para los abonados de Castilla-La Mancha con su suplemento (5,86 euros). En Cataluña serán 0,02 euros; 0,05 en La Rioja; y 0,78 en la Comunidad Valenciana.
Después de 2013, el Gobierno volvió a retocar el concepto de los suplementos territoriales para restablecer su carácter potestativo. Opcional otra vez. Está en manos de la Comisión Delegada del Gobierno activarlos de nuevo y que los consumidores de las comunidades implicadas en este tipo de tributos vuelvan a asumirlos.
El Gobierno gallego se rebela contra la subida y admite que se le pidieron datos varias veces
- Los comentarios del Ministerio de Energía en la orden de los suplementos territoriales para las cuatro primeras autonomías evidencian que hay territorios muy reacios a suministrar datos. La Xunta reconoce que está entre las que recibieron "sucesivas solicitudes de información" y que su postura ante el Gobierno central fue siempre la misma. "Galicia ya trasladó al Ministerio de Hacienda que los impuestos propios establecidos por esta comunidad son impuestos medioambientales, que gravan la realización de la actividad con impacto medioambiental tenga o no que ver su objeto social con la actividad eléctrica. Por lo tanto, no grava ni directa ni indirectamente las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico", aseguran en de la Consellería de Economía, Emprego e Industria a FARO.La afirmación choca de lleno con la configuración del canon eólico gallego, que dice claramente que grava el impacto "como consecuencia de la instalación de parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica" y que los sujetos que tienen que pagarlo son empresas que se encargan de la generación. Tampoco la cuestión medioambiental le deja exenta. Todos los tributos con suplementos son, de hecho, medioambientales."En todo caso -continúan en la Consellería-, la Xunta también manifestó expresamente que se opone de forma rotunda a que estos impuestos se incluyan en los suplementos territoriales y que sean abonados por los consumidores gallegos".
