En menos de 24 horas la Comisión Europea (CE) ha cambiado de opinión sobre la posibilidad de hacer público el informe técnico de la Agencia Ferroviaria Europea sobre el accidente del Alvia en Angrois (Santiago) en julio de 2013, en el que fallecieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas. Si el martes el portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Jaku Adamowicz, se negaba a entregar el documento solicitado a la Comisión Española de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) porque "no aborda la responsabilidad del siniestro", ayer admitió que podría difundirse. ¿A qué se debe el cambio? Además de a la presión de las víctimas, el portavoz comunitario lo atribuye en exclusiva a que el procedimiento de infracción iniciado por la CE antes del accidente de Angrois para comprobar que España cumple con los requisitos en seguridad ferroviaria "se ha cerrado".
El documento se había solicitado a la CIAF como una recomendación técnica sobre la organización de las investigaciones en caso de accidente ferroviario. "España ha cumplido todos los elementos que consideramos necesarios para abrir el proceso de infracción", destacó ayer Adamowicz, quien añadió que ahora "se están verificando "las condiciones para difundir el escrito.
Europa insiste, sin embargo, en que no quiere que la publicación del consejo técnico "influya o distorsione" la investigación judicial sobre el siniestro. Por eso, la CE admite que una posible opción sería sacarlo cuando concluya el juicio que ahora ha reabierto la Audiencia Provincial de A Coruña. Sobre este juicio, el fiscal Antonio Roma plantea que se declaren complejas las actuaciones de la instrucción, de forma que el juzgado cuente con 18 meses para investigar.
Las víctimas de la tragedia del Alvia han presionado y mantenido su lucha para que este documento salga a la luz. De hecho, representantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 presentaron ayer en la sede de la CE en Madrid las más de 270.000 firmas que recogieron desde mediados de mayo en la web Change.org para reclamar precisamente que el Ejecutivo comunitario haga público el documento que elaboró sobre las causas del siniestro de Angrois, como se había comprometido el pasado noviembre en la visita de miembros de la asociación a Bruselas. "Queremos que se abra el informe para que pongan la seguridad que tendría que tener la curva de A Grandeira", destaca el padre de uno de los muertos en el accidente.
Otro de los portavoces de la plataforma denunció "la falta de independencia" de la CIAF porque lo conforman las "dos empresas implicadas en el accidente", en alusión al director de seguridad de Renfe y su homólogo de Adif. En la misma línea se pronunció la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que ayer acompañó a las víctimas en la entrega de firmas. Es más, acusa al Gobierno central de "presionar" a Bruselas para que no publique el documento con el objetivo de "evitar que salga a relucir ese cuestionamiento sobre la independencia". Aunque Europa incide en que tanto el informe como el procedimiento de infracción son anteriores al accidente del Alvia, la Agencia Ferroviaria no solo analizó la organización de la CIAF, sino también el documento que en su día este ente elaboró sobre el accidente ferroviario en el que culpaba solo al maquinista por exceso de velocidad.
La nueva situación derivada de la decisión judicial de reabrir la instrucción de la comisión de investigación de Angrois y la petición de las víctimas de que se publique el informe que elaboró la Agencia Ferroviaria entrarán también en el debate parlamentario en la sesión plenaria de la semana que viene en el Parlamento gallego con dos iniciativas registradas por el BNG y AGE.
Estos dos grupos presentaron iniciativas sobre el accidente de Angrois varias veces, incluida la petición conjunta de crear una comisión de investigación en la propia Cámara gallega, y en todas las ocasiones se han encontrado con el no del PP gallego como ocurrirá de nuevo la próxima semana, según avanzó su portavoz parlamentario, Pedro Puy, quien insistió en que Galicia no tiene competencias para afrontar una comisión de investigación sobre el siniestro.