La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación presentado por un grupo de siete inversores gallegos -Corporación Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Concable Inversiones, Inversiones Subel, Río Breiro, Coren y Copasa- contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña que en su día rechazó la pretensión de las empresas de recuperar los 20 millones de euros invertidos en Novagalicia Banco y que perdieron tras la operación acordeón -reducción del capital a cero- practicada en la entidad financiera gallega. La demanda inicial iba dirigida contra NCG y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), responsable de su gestión tras su nacionalización en septiembre de 2011 y reclamaba que se declarase nula la inversión "por dolo o por error en el consentimiento", al tiempo que exigía "el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos".

Los afectados por la sentencia son Hijos de Rivera, que realizó una inversión de 4 millones de euros en el banco; Inversiones Subel, del empresario Luis Fernández Somoza (fundador de Azkar), con 5 millones; Inversiones Gallegas del Cable, representada por Roberto Díaz Rincón, con otros 4 millones; Río Breiro (Jesús Alonso, de Jealsa), con 3 millones; Copasa (José Luis Suárez), con 3 millones; Concable Inversiones (Juan Álvarez de Mon), con 502.102 euros, y Coren, con 301.261 euros. Contra este fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de 20 días.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de A Coruña, fechada el pasado tres de mayo, ratifica el fallo de la juez María Pedreira García y su consideración de que no existe dolo en el proceso de entrada en el accionariado "dado que los actores son profesionales, no minoristas". "Ni aparece inequívocamente la intención de engañar o de aprovecharse del engaño, ni la conducta precontractual de las partes tuvo, a juicio de este tribunal, eficacia captatoria, determinante de la voluntad de contratar de los ahora recurrentes", reza la sentencia.

El fallo también descarta engaño en la conducta de NCG teniendo en cuenta el perfil de los inversores. "No se trata, desde luego, como reconocen los propios apelantes en todo momento, de consumidores, por lo que no se han infringido unos supuestos deberes de información precontractual", señala el tribunal. "Estamos en presencia de empresarios de reconocido prestigio en Galicia que han admitido contratar por la confianza personal en el presidente de la entidad, el señor [José María] Castellano, y con la intención, sin duda promovida políticamente, de configurar una entidad financiera con capital esencialmente gallego, que conservara la esencia y los valores de las viejas cajas de ahorros de Galicia", señala la resolución judicial.

El tribunal abunda en que cualquier asesoramiento financiero al margen de la documentación aportada por NCG y el FROB previa a la entrada en el capital revelaría que la entidad necesitaba ajustes adicionales, puesto que no había captado el capital privado esperado. "Los empresarios apelantes no podían desconocer que otros interesados, que inicialmente parecía que iban a invertir en Novagalicia, desistieron al comprobar la situación de la entidad financiera y pedir garantías adicionales que el banco no estaba dispuesto a prestar, como siempre hizo constar", incluso en el contrato de compraventa de acciones de los inversores gallegos, sostiene la sentencia.

Este pronunciamiento es la primera resolución de la Audiencia de A Coruña ante los cuatro recursos pendientes contra sentencias previas sobre la entrada de empresarios gallegos en el accionariado de Novagalicia Banco. En este caso -el grupo liderado por Corporación Hijos de Rivera- se trata de una de las dos demandas que recibieron una sentencia desfavorable. La otra es la del empresario Manuel Añón, que invirtió 25 millones en la entidad financiera y que recibió el "no" del juzgado. Los otros dos recursos, presentados por NCG y el FROB, son contra sendas sentencias favorables a los inversores gallegos: la del grupo de distribución alimentaria Gadisa -al que se le reconoce el derecho a recuperar los 10 millones- y la del grupo de inversores liderado por el empresario coruñés Manuel Jove, que recuperarán los 8,5 millones invertidos si el fallo inicial se convierte en firme.