Dos semanas después de que se constituyan las nuevas corporaciones locales, los recién proclamados alcaldes tendrán que enfrentarse al tijeretazo de Hacienda. 30 de junio. Esa es la fecha que tiene marcada en su agenda el departamento que dirige Cristóbal Montoro para dar a conocer la participación definitiva de los ayuntamientos en los ingresos del Estado (PIE) correspondiente a 2013. Pero este año, a más de un 80% de los ayuntamientos de la comunidad no les tocarán ingresos extra por el reparto de fondos del Estado ya que las liquidaciones de ese ejercicio serán negativas, según previsiones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Después de tres anualidades en las que Hacienda tuvo que desembolsar más dinero a los ayuntamientos gallegos por haber hecho una previsión a la baja -casi 85 millones entre 2010 y 2012-, ahora les tocará a los nuevos alcaldes devolver parte de las entregas a cuenta de 2013: en torno a unos 35 millones de euros.
¿Cómo se calcula el reparto? La transferencia de estos fondos se asienta en tres pilares: población, esfuerzo fiscal y el llamado inverso de capacidad tributaria. La cantidad a la que tendrán que hacer frente tras el verano entre un 80 y un 90% de los ayuntamientos gallegos es la tercera parte de lo que los municipios de la comunidad tuvieron que devolver en 2008 por el desfase de cálculo por parte del Gobierno de Zapatero (-116,3 millones).
Esta será, o al menos eso esperan los alcaldes, la legislatura de la reforma del modelo de financiación local. Los ayuntamientos, pese a asumir desde hace años competencias impropias -mantenimiento de centros de salud y de colegios y la prestación de servicios sociales- sostienen que su problema no es financiero sino de falta de financiación. Los datos así lo reflejan.
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En 2014, por tercer año consecutivo, el sector local fue la única parcela de la administración pública en España que consiguió cerrar con superávit. En Galicia, los concellos tuvieron una caída en los ingresos de más de 165 millones, pero eso no les impidió cuadrar las cuentas de nuevo y obtuvieron un saldo presupuestario positivo -la diferencia entre los recursos captados y las obligaciones de gasto- de más de 267,5 millones.
Modelo "perverso"
Los ayuntamientos califican de "perverso" el actual sistema de financiación local. Las particularidades de Galicia, según advirtieron los alcaldes durante la pasada legislatura, exigen una "financiación justa"; y esas particularidades deben tener se en cuenta en el reparto de los fondos estatales.
El modelo actual se basa en tres variables. Los ayuntamientos reciben fondos del Estado, por un lado, en relación a su número de habitantes, primando a aquellos municipios de mayor tamaño. La "gran incidencia" de este parámetro se produce cuando un ayuntamiento desciende de tramo. Solo en los últimos cinco años, siete concellos pasaron al grupo de los que no superan los 1.000 habitantes y otros cinco se quedaron por debajo de los 5.000.
La segunda pata del sistema de financiación local es el esfuerzo fiscal, es decir, su eficacia en la recaudación. Para ello se tienen en cuenta el IBI, el impuesto de actividades económicas o el tributo sobre vehículos. Y el tercer criterio es el inverso en la capacidad tributaria que supone una mayor aportación de fondos a los ayuntamientos con menos posibilidades recaudatorias.
La aplicación de estas tres variables, según cuestionan los ayuntamientos gallegos, es "injusto" porque genera "desigualdades", "ineficiencias" y "desequilibrios". Para tratar de corregir esta situación, las administraciones locales reclaman al Ejecutivo central que incluya criterios objetivos para el reparto de fondos, como la dispersión, el envejecimiento, la superficie o las entidades de población así como que tenga en cuenta el coste que asumen en la prestación de los servicios.