La Unión Europea ha ampliado el objeto de sus investigaciones en Galicia para comprobar el nivel de saneamiento de las aguas que se vierten al mar. En marzo, la Comisión Europea notificó que había abierto un procedimiento de infracción contra doce "pequeñas aglomeraciones urbanas" de Galicia -con poblaciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes- por, supuestamente, realizar sus vertidos sin contar con un sistema de tratamiento adecuado. Y a esos expedientes ya en curso se ha sumado ahora una nueva investigación, por los mismos motivos, que afecta a siete "grandes aglomeraciones urbanas".
Así consta es una respuesta por escrito del comisario de Pesca, Karmenu Vella, sobre el estado del saneamiento de las aguas residuales en España, razón por la cual pesan varias amenazas de multa. Vella asegura que esta "investigación preliminar", que todavía no ha llegado a la fase de infracción, afecta a 241 poblaciones de toda España, de las que siete pertenecen a Galicia.
En todo caso, la UE precisa que no quiere revelar el nombre de las localidades objeto del expediente porque eso podría influir en las negociaciones abiertas con el Gobierno español. "No es posible revelarlos sin que ello redunde en perjuicio del diálogo entre la Comisión Europea y el Estado miembro, así como del objetivo de solventar la controversia antes de que el asunto llegue el Tribunal de Justicia de la UE", advierte Karmenu Vella en sus aclaraciones al eurodiputado lucense José Blanco. No obstante, las poblaciones a las que afecta esta nueva investigación tienen más de 15.000 habitantes.
Estos procedimientos forman parte de la actuación de la UE contra España por sus reiterados incumplimientos en la obligación de depurar las aguas residuales que vierte en "zonas normas y sensibles".
En el caso de Galicia hay doce pequeñas aglomeraciones con un procedimiento de infracción abierto y otras siete sujetas a una investigación preliminar. Y además está la denuncia interpuesta ante el Tribunal de Justicia de la UE con el objeto de que se condene a España por el saneamiento deficiente en la ría de Pontevedra. Aunque este expediente se abrió en 2003, no fue hasta el mes de febrero de este año cuando la causa llegó la Justicia europea.
La UE considera que las localidades de Pontevedra, Bueu, Marín y Poio incumplen la normativa comunitaria de vertidos y además con mucho retraso, pues esta aglomeraciones urbanas debían contar con un sistema de tratamiento adecuado a más tardar en 1998 por tratarse la ría de Pontevedra de una zona calificada como "sensible". Ejemplo de esta demora es que Poio es el concello sin depuradora más grande de Galicia y todavía sigue sin tener una ubicación por el conflicto que mantiene con Sanxenxo sobre el lugar en el que construir las instalaciones.
