Los casos cronificados de pobreza o dificultades extremas afectan a entre el 30 y el 35% de los ciudadanos que cada mes reciben la renta de inclusión -Risga-, un cheque de alrededor de 400 euros mensuales, en función de las cargas familiares de cada uno. El año pasado, percibieron en la comunidad esta ayuda un total de 11.948 personas, por lo que alrededor de 4.100 podrían acumular cuatro ejercicios en esta situación.
Los técnicos de la Consellería de Traballo e Benestar considera casos "crónicos" aquellos que acumulan ese tiempo dependiendo de este cheque social para ciudadanos sin otros ingresos, si bien pueden darse casos de personas que durante ese período entren y salgan de la bolsa de beneficiarios de estas ayudas.
Desde el inicio de la crisis económica y el consiguiente incremento de la cifra de desempleados, las solicitudes de estas ayudas se dispararon, si bien el año pasado se rompió la tendencia y la cifra de peticiones cayó desde las 7.204 a las 6.509. Este hecho, sin embargo, no impidió que el año se cerrase con un nuevo récord histórico en el pago de estas ayudas, que pasaron de las 11.282 del año 2013 a las 11.948 de 2014. Por provincias, Pontevedra registró de nuevo el mayor número de beneficiarios con 5.466, seguida de los 3.144 de A Coruña, los 1.873 de Ourense y los 1.465 de Lugo.
Este tipo de ayudas, que la nueva legislación permite compatibilizar durante un período con un puesto de trabajo siempre que entre ambos no se superen alrededor de los 900 euros, constituyen un termómetro de las consecuencias de la crisis sobre la población y sobre las arcas autonómicas.
Casi 50 millones de euros
El coste de este cheque mensual, que en la nueva Lei de Inclusión Social está condicionado a seguir itinerarios de integración sociolaboral, se ha duplicado en los últimos cinco años y la tendencia parece no cesar. Si en 2009, año en que el PP de Alberto Núñez Feijóo desalojó al bipartito de la Xunta, el gasto en esta partida alcanzaba los 22,8 millones, para el presente ejercicio se prevé en las cuentas autonómicas un gasto de 47,7.
La Risga debe abonarse a toda personas que cumpla los requisitos que establece, por lo que la creciente demanda provocó que el departamento de Beatriz Mato inyectase más fondos a medida que las necesidades crecían. Así, pasó de 23,3 millones de gasto en 2011 a los 26,8 del año siguiente y los 36 de 2013.
El año pasado, el Ejecutivo autonómico alcanzó los 39,7 millones de gasto en el mes de mayo, pero tuvo que añadir casi cinco para pagar todas las ayudas que reclamaba la sociedad. El desembolso final se situó en los 44.
