Justo en Semana Santa se cumplía el mes que el Ministerio de Industria solicitó de plazo máximo para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pronunciara sobre la nueva planificación del sector eléctrico. Si el equipo de José Manuel Soria todavía no recibió el análisis, es previsible que lo tenga en breve y que tampoco tarde en llegar la aprobación final del Gobierno. El último trámite para que eche a andar la hoja de ruta con las inversiones necesarias para garantizar un suministro seguro y de calidad hasta 2020, bajo la premisa de que la demanda de hogares e industria, muy lastrada por la larga crisis económica, se está recuperando y que el sistema cuenta con capacidad de generación de sobra como para que se esté autorizando sin condiciones la hibernación de centrales de ciclo combinado prácticamente paradas. De ahí que el programa de Industria cocine la incorporación de más potencia, sobre todo de renovables, a fuego lento.
Para eólica (MW) en lo que queda de década. ¿Cuánta se instalará en Galicia? 1.200 MW. "Un 20% del total", según desveló ayer Andrés Seco, director general de Operación de Red Eléctrica de España (REE). Es decir, la mitad de la meta fijada por la Xunta, casi 2.400, con la potencia del concurso y la eólica pendiente de proyectos anteriores aún sin levantar.
Tanto el escenario previsible del consumo de electricidad, como la nueva potencia y las infraestructuras para darle acomodo y seguir reforzando el sistema parten de una propuesta de REE que el ministerio aborda con los ejecutivos regionales antes de la autorización definitiva. La planificación alcanza un presupuesto de 4.400 millones de euros. "Son las actuaciones que consideramos prioritarias", destaca Seco, a la espera de que la CNMC rubrique que "el orden de prioridad" es "el correcto". El tope de 1.200 MW en parques para Galicia nace "de requisitos transparentes", defiende el directivo de la compañía encargada del transporte de electricidad en España.
Una "foto" susceptible de cambios. Aunque con una rotunda advertencia para Industria, la Xunta y los promotores del negocio del viento en la comunidad. "Los 5.500 MW serían a coste cero para el sistema -explicaba ayer Andrés Seco en una comparecencia en Madrid-. De lo contrario, habría más costes por inversiones adicionales y nos iríamos más allá de 2020". La posibilidad de elevar el gasto de la planificación parece remota porque, de hecho, Industria decidió en 2012 paralizar toda obra que no estuviera ya en marcha o no se considerara vital para la estabilidad del transporte eléctrico.
En el concurso que la Consellería de Economía e Industria resolvió a finales de 2010 se adjudicaron 2.325 MW de eólica. La aspiración entonces era ver los primeros molinos moviéndose en 2013. Ante las debilidades del proceso, los problemas de financiación por la doble recesión y la reforma energética que finiquitó las primas a las energías limpias, el departamento que dirige Francisco Conde optó por reformar el reparto y abrir la puerta a abandonar por causas "sobrevenidas". Entre esas renuncias y los incumplimientos, casi 400 MW se quedaron sin dueño. La potencia en espera del concurso cayó hasta los 1.939 MW, a los que se unen los alrededor de 390 otorgados en la etapa de Manuel Fraga en la Xunta y que están sin construir.
La planificación, como adelantó FARO, deja fuera además el transformador de la subestación de Ludrio y una línea a mayores en la nueva de Regoelle, donde están a punto de iniciarse las obras, para convertir ambas instalaciones en nudos de evacuación de la energía producida por la nueva eólica que se active en Galicia. "Sobre Regoelle, primero hay que hacerla", recuerda Carlos Collantes, director general de Transporte de REE. La Xunta y los promotores eólicos consideran fundamentales las dos ampliaciones, pese a que en Ludrio ni siquiera se está vertiendo electricidad de parques actualmente.
España y Portugal siguen a la búsqueda de alternativas para la línea internacional por la comunidad
- Como el resto de interconexiones internacionales, la futura autopista eléctrica que unirá España y Portugal a través del sur de Galicia se libró de la criba que el Ministerio de Industria impuso para optimizar los recursos públicos. El problema del proyecto es otro. El rechazo social generado a uno y otro lado del Miño por el trazado elegido, el que aún hoy es el válido. Del lado gallego las protestas vienen, especialmente, del concello de Arbo. Pero también el territorio luso las autoridades se han encontrado con problemas. Lo que llevó a REE a plantearse una posible revisión, que tiene en estos momentos a los dos ministerios de Medio Ambiente trabajando "en si hay otras posibles soluciones", como cuenta Carlos Collantes.Un año va ya desde el comienzo de la búsqueda para "una alternativa que afecte menos". "No hay novedades", asegura el director general de Transporte de la compañía que preside José Folgado. Mientras, el Gobierno español sigue adelante con la tramitación del estudio transfronterizo de la línea, que cuenta con una inversión en la vertiente española de 54 millones de euros. En caso de lograr algún acuerdo para la modificación puntual del enlace que permitiría duplicar la exportación de electricidad desde Galicia a Portugal, la autorización transfronteriza podría adaptarse. El plazo previsto de ponerla en marcha en 2017 "parece difícil", según fuentes de REE.Las obras que sí marchan ahora tras superar también problemas administrativos son las de la conexión con la cornisa cantábrica desde Boimente (Lugo) hasta Pesoz (Asturias). Estará lista en 2016. "Es fundamental no solo para la seguridad del suministro, sino también para ayudar a soportar el flujo hacia el resto de Europa", dice REE.
