País Vasco está a la cabeza de la riqueza en España, forma parte del conjunto de regiones más prósperas de Europa y en esta crisis se ha conducido mejor que el resto de las autonomías. Sus ciudadanos y empresas pagan menos impuestos que los de otros territorios y el nivel de gasto público y la calidad de los servicios es generalmente muy superior. Para conseguir esto ha sido "sustancial" el modelo de financiación foral, según concluye un informe del hacendista vasco Ignacio Zubiri. Sus números dejan ver el abismo que existe entre el dinero que maneja la Administración vasca y los ingresos de las autonomías de régimen común, distancia resultante de combinar las singularidades del sistema foral y la riqueza económica de Euskadi. Un ejemplo: la financiación por habitante obtenida por País Vasco fue como media un 83,3% superior a la de Galicia entre 2007 y 2011.

El trabajo del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), pone el foco sobre los recursos que obtiene el País Vasco (también la Navarra foral, aunque tangencialmente) en comparación con los de las quince autonomías de régimen común. El investigador entra en los aspectos más controvertidos de la financiación vasca (la sobrevaloración de las competencias exclusivas de la comunidad, la opacidad en la fijación del cupo que se paga al Estado, la baja aportación a la solidaridad con las regiones pobres...) y opina, como otros hacendistas, que las "ventajas" del País Vasco están en el origen de la "inestabilidad del sistema común" y, singularmente, de las quejas de Cataluña.

| El sistema. Los modelos común y foral de financiación autonómica difieren desde la base: el que comparten quince autonomías supone, resumiendo la explicación que aporta Zubiri, que el 70% de lo recaudado por el Estado se aporta a un fondo común que luego se redistribuye en función de las necesidades, de modo que está en su esencia la transferencia de recursos de los territorios ricos a los pobres; el modelo foral vasco y navarro implica que son sus instituciones las que recaudan (las diputaciones, en el caso de Euskadi) y ambas regiones se quedan con todo el dinero salvo una cantidad (cupo) que pagan al Estado español como compensación por lo que éste gasta en esas comunidades. "Ese pago no depende de lo que recauda el País Vasco, por lo que, cuanto más recaude más se queda", expone el catedrático.

| Menores tributos. Otro rasgo medular del modelo supone que País Vasco (también Navarra) tiene, además de capacidad recaudatoria, amplias atribuciones para modificar los tributos de ámbito estatal en su territorio, incluido el impuesto de sociedades. Las regiones de régimen común pueden actuar sobre el IRPF y sobre los llamados impuestos cedidos (sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), aunque no sobre el que grava los beneficios empresariales. El informe de Zubiri determina que en Euskadi son más bajos que en los territorios de orden común todos los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa. El IRPF fue de media un 15% inferior entre 2007 y 2011 y en sociedades se han aplicado tipos más bajos y bonificaciones mayores. Otro tanto ocurre con los gravámenes sobre las herencias o las compraventas de pisos y coches, así como con los impuestos municipales (la financiación local es una de las competencias singulares de País Vasco). Los privilegios que implica el modelo, unidos a la riqueza del territorio, permiten a Euskadi obtener un 40% más de recaudación que la España común con una fiscalidad más baja.

| La clave del cupo. El País Vasco ingresa mucho y paga poco al resto del Estado, viene a certificar el comentado informe. La cantidad que abona Euskadi a la Administración nacional se determina restando de la valoración del gasto estatal en el territorio el coste de las competencias extra que tiene País Vasco y que no tienen otras comunidades. Así que la valoración de esas competencias es un elemento capital del modelo y que sistemáticamente ha estado en el centro de las negociaciones y acuerdos políticos que, sobre todo en ausencia de mayorías absolutas en el Parlamento, han mantenido el PP y el PSOE con los nacionalistas del PNV. Como otros expertos en hacienda pública, el catedrático Ignacio Zubiri considera una evidencia que las competencias exclusivas han sido claramente sobrevaloradas. Aporta el siguiente dato: en 2007, cuando se negoció la última revisión del cupo (en teoría se hace cada cinco años, aunque en caso de desacuerdo el cupo se puede prorrogar automáticamente, como de hecho ocurre ahora), el coste de las citadas competencias se valoró en casi 7.000 millones, equivalentes a casi la mitad de todo el gasto de sector público vasco.

| Un balance. La combinación de unos ingresos tributarios potentes, una infraestimación del cupo a pagar al Estado (en parte como efecto de la sobrevaloración de las competencias singulares) y otras ventajas del modelo (la determinación de la parte del IVA nacional que corresponde al País Vasco está escorada a su favor, según los expertos) explican la clara ventaja financiera que Euskadi tiene frente a las regiones de régimen común. El catedrático Zubiri hace el siguiente ejercicio: calcula los recursos por habitante que mueve País Vasco considerando una valoración más ajustada a la realidad del gasto que suponen las competencias específicas y concluye que Euskadi disfruta de una financiación por habitante cercana a los 4.900 euros al año, cuando la media del territorio común no llega a 2.400. Tales recursos más que duplican los de regiones como Cataluña, Madrid, Baleares, Andalucía o Valencia. En el caso de Galicia, la diferencia per cápita es de 2.222 euros a favor de los vascos. Esa ventaja financiera permite a País Vasco ser más ambicioso en el gasto público y sostener unos servicios mejores. Dos datos del año 2012: el gasto educativo por estudiante (7.229 euros) fue el más alto del país y superó en un 44% el promedio de las regiones con financiación común; el desembolso per cápita en servicios sociales (796 euros) casi triplicó la media (275 euros).

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