Confemadera, la patronal de las empresas madereras gallegas, rompió ayer relaciones con el Ejecutivo autonómico. En un durísimo comunicado, acusó al Ejecutivo gallego de "desatención reiterada, pasividad y falta de soluciones" para impulsar y modernizar el sector. Ence se desmarcó a última hora de la tarde y defendió "mantener los cauces de diálogos abiertos" en búsqueda de soluciones constructivas. Antes la Xunta había replicado a la patronal, focalizando su respuesta en el presidente de Confemadera, Elier Ojea, empresario y destacado militante del PP de Ourense durante años, como si fuera él unico que protestara o el ataque estuviera orquestado por él.
La agrupación que reúne a todo el sector maderero gallego acordó plantar a la Xunta y abandonar el Grupo de Traballo del Plan Forestal, la Mesa da Madeira y el Consello Forestal en el que ambos colaboraban, ya que, según Confemadera, "se acabó el tiempo de las reuniones de adoctrinamiento de la Consellería de Medio Rural" en las que se habían convertido estos foros. "Y en general, cualquier interlocución con la administración autonómica", sentencian.
Las críticas del sector van, sobre todo, contra el departamento de Rosa Quintana, y el secretario xeral de Medio Rural, Tomás Fernández Couto. Censuran "la falta de atención que ha caracterizado" sus relaciones durante los últimos años. "Son necesarias actuaciones concretas y no crear más comisiones y grupos de trabajo sin ninguna capacidad ejecutiva", se quejan.
La confederación de empresas de la madera asegura que la Consellería "tan solo utiliza estos organismos para informar de la política de extinción de incendios pero no para desarrollar políticas activas para la prevención o la planificación de la productividad del monte gallego".
Medio Rural respondió a las críticas de Confemadera con un extenso comunicado de tres hojas. En primer lugar "lamenta", "no entiende" y "muestra su sorpresa" por la postura del presidente de la organización, Elier Ojea, de romper relaciones con la administración autonómica cuando "desde siempre existe una estrecha y cordial relación de trabajo en común con el sector".
También niega cualquier "interés de adoctrinar", además de que no existe falta de atención de la Xunta ya que, al menos, se han reunido desde octubre en ocho ocasiones.
Delegado en Ourense
En su comunicado, Medio Rural carga, sobre todo, contra el presidente de la confederación y recuerda que fue delegado "de una consellería en Ourense y debería conocer perfectamente que en la administración desarrollar diferentes iniciativas lleva su tiempo".
Los madereros sostienen que el plante lo decidió por consenso la junta directiva que está integrada por diez personas que representan a todos los estamentos de la cadena productiva. Ence puntualizó que en la reunión del jueves se manifestó "en contra de la decisión adoptada de retirarse de los órganos de trabajo del sector forestal". "Consideramos que es necesario buscar soluciones constructivas a los problemas del sector, para lo que es necesario mantener los cauces de diálogo abiertos", afirmaron desde la empresa.
Confemadera exige "un cambio de actitud" ante lo que consideran "el incumplimiento reiterado" de la Xunta con "las necesidades de uno de los sectores estratégicos de Galicia" y asegura que es necesario "pasar de las palabras a los hechos, como paso previo a restablecer una interlocución constructiva con la Xunta".
La patronal solicita "el desarrollo inmediato" de la Ley de Montes "para lograr una clarificación, simplificación y agilización" de los trámites administrativos "ante la proliferación de ordenanzas municipales que graban las cortas de madera".
La Xunta, en cambio, manifestó que "no se entiende" que haga esta solicitud, ya que la publicación de esta norma en 2013 "reafirma que la ley se está desarrollando con normalidad". La organización reconoce también que hace cinco años, en 2009, ya trasladó al Ejecutivo gallego cuáles eran las necesidades que tenían. Fue un documento al que denominaron Las 13 medidas para el sector forestal. En él se recogían las líneas maestras para conseguir solucionar "los problemas estructurales" que poseen los madereros de la comunidad, entre ellos la atomización de la propiedad, la promoción de una silvicultura moderna y el complejo marco legislativo en el que las empresas desarrollan su trabajo, que tachan de "maraña de ordenanzas municipales y otras administraciones".
Ayudas europeas
A mediados de ese año, recuerdan, acordaron con la Consellería de Medio Rural unos objetivos de legislatura que, "ante el reiterado incumplimiento, se amplió a la presente legislatura". "Sin embargo, en estos años no se han registrado avances", recriminan, y avisan de que "a los problemas estructurales del sector se van sumando otros nuevos, como la pérdida de competitividad de las empresas afectadas por el nematodo del pino" y la falta de información sobre el estado del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, que fue devuelto por la Comisión Europea, y del que dependen 889 millones de fondos comunitarios.
"Estas demandas históricas sin respuesta", como las califica la organización, ya provocaron que el año pasado, "por primera vez", todos los colectivos relacionados con el sector forestal, asociaciones de propietarios, comunidades de montes y empresas de servicios, entre otros, se uniesen para reclamar soluciones concretas a la Consellería de Medio Rural. "Una petición a la que tampoco se dio respuesta", censura el escrito de la confederación.
