La magistrada que dirige la operación Cóndor, Pilar de Lara, ordenó que continuasen ayer los registros en la sede en Lugo de la empresa de autobuses Monbus, propiedad de Raúl López, uno de los diez detenidos el jueves por los presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, tráfico de influencias, cohecho y delito contable.
Un día después de que estallase el operativo, varios agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera continuaron ayer con la incautación de material y documentación en las oficinas de la firma, que ya fueron registradas el jueves, al igual que las delegaciones de la misma en Santiago, la sede del club de baloncesto Obradoiro, que preside López, y el palacio de Congresos de esta ciudad, que también gestiona su conglomerado empresarial.
La responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que también dirige macrocausas como la Pokemon o la Carioca, comenzó ayer a tomar declaración a los primeros detenidos. Se trató del yerno de López, Rafael Casqueiro; el responsable financiero de Monbus, Jesús Uriz; y los trabajadores de la empresa de viajes InterRías Gustavo Fernández e Isolina González. Sus declaraciones proseguían al cierre de esta edición.
El operativo detuvo a los implicados el jueves -seis en Galicia y cuatro en Madrid- y durante las pesquisas se incautó de 1,3 millones de euros en metálico y en bolsas de plástico en locales hoteleros de Sanxenxo, localidad donde se investigan dos hoteles y una agencia de viajes. Además, según publicaron algunos medios, López fue sorprendido por los agentes en una comida en la citada localidad pontevedresa con 60.000 euros encima.
Las pesquisas no se quedaron ahí. La operación Cóndor salpicó ayer también a un funcionario del Ministerio de Fomento, cuyo despacho registraron efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera por orden de De Lara. Los agentes requisaron el teléfono móvil del trabajador y su ordenador.
El empleado desarrolla su trabajo en un departamento encargado de transportes en autobús, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press, precisamente el ámbito central de las empresas de Raúl López, que posee concesiones públicas en varias rutas y gestiona también instalaciones municipales en la capital de Galicia.
Las pesquisas, que provocaron registros en varias ciudades españolas, también abarcan las posibles negociaciones del empresario para hacerse con rutas de transporte en el pasado mundial de baloncesto, celebrado en España en 2014, según publicó El Progreso. que también señala que entre los detenidos se encuentran dos militares.
La juez ordenó el jueves a Vigilancia Aduanera efectuar registros en Sanxenxo, Pontevedra y O Grove, además de en Nogueira de Ramuín (Ourense) y Arteixo (A Coruña), así como en varios puntos de la provincia de Madrid.
