Las empresas más fuertes del cártel de la leche al que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le atribuye un pacto continuado de los precios de compra a los ganaderos, sobre todo en Galicia y Cataluña, se autodenominaban a sí mismas el G-4 o el G-5 del sector, a imagen de las cumbres de las principales potencias económicas del mundo. Y así incluso se citaban para analizar la situación del mercado, según figura en los extractos de las agendas de sus empleados a los que el supervisor accedió durante la investigación que acabó con la imposición de una supermulta de 88,2 millones de euros a nueve compañías y a dos patronalessupermulta, incluida la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), como "facilitadoras de la infracción". "Existen evidencias que demuestran el contacto", destaca la resolución completa publicada ayer, tanto en reuniones "bilaterales como multilaterales", que servían para aunar decisiones que reventaban la libertad de los productores. La CNMC, "a efectos ilustrativos", lanza una "estimación prudente" del beneficio "ilícito" que las sancionadas acumularon en la última década, por encima de los 815 millones de euros.
Varias notas manuscritas, correos e informes requisados durante las indagaciones evidencian, según el organismo, "el conocimiento de información estratégica del resto de competidores, únicamente accesible si los titulares de la citada información la han intercambiado previamente". "Dentro del espíritu de colaboración que nos distingue", "hay que bajar el precio de la leche" o "nosotros [en referencia a una de las firmas] la bajaremos si lo hacéis los demás" son algunos de los ejemplos que ilustran uno de los mensajes hallados. En octubre de 2004 consta por primera vez "la existencia de acuerdos sobre precios", precisamente a raíz de un encuentro para el aprovisionamiento de Lugo. "El valor de los datos tratados entre industriales se corresponde con los datos reflejados en las facturas de las industrias en gran parte de los casos", explica la CNMC, que reúne también numerosas pruebas de cómo pactaban posturas ante ganaderos concretos y se los repartían.
La resolución tira abajo las alegaciones de las empresas y las dos patronales. La mayoría no niega los contactos, pero lo achacan, como es el caso de la gallega Lactalis, a "labores de inteligencia comercial". Un informe de parte analiza 400.000 facturas para concluir "que se produjeron diferencias significativas" entre firmas, precios y comunidades. Calidad Pascual, Nestlé, Danone, Corporación Alimentaria Peñasanta, Lactalis, Senoble y Central Lechera de Galicia (Celega) defienden la legalidad de sus actuaciones y acudirán a la Audiencia Nacional. Ildefonso Rodríguez, administrador de Celega, desvincula la compañía de las conductas anticompetitivas y achaca su presencia en el expediente "a la denuncia de un proveedor que no tenía suficiente con lo que se le pagaba", según asegura a Europa Press. En Aelga están "fastidiados, dolidos y asombrados". Su gerente, Pedro Ramos, "acepta" la resolución, "pero para nada" la comparten.
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A la ministra de Agricultura le preocupa el asunto, "como responsable de la industria y como responsable de los ganaderos". "Espero que esto no tenga consecuencias severas para estas industrias y acabe siendo perjudicial para los 17.000 ganaderos", aseguraba ayer Isabel García Tejerina, que subraya que la CNMC es un organismo "independiente" y que la industria tiene la opción de recurrir. "El Gobierno no interfiere en absoluto en su actuación", añadía el ministro de Economía, Luis de Guindos, preguntado por el expediente.
