Los sindicatos denuncian que los juzgados coruñeses carecen de medios suficientes para hacer frente a la corrupción, por lo que exigen a la Xunta que incremente el personal de las unidades que investigan macrocausas penales. Los representantes de los trabajadores, en concreto, reclaman al Gobierno gallego que destine a al menos un funcionario de refuerzo a Instrucción 6, encargado de la operación Zeta, un procedimiento sobre el fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación en el que hay 30 imputados.
La unidad judicial también solicitó a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza el aumento de su plantilla. "Deben poner los medios para que el juzgado soporte la caótica situación que supone la tramitación de la Zeta para compaginarla con el resto de procedimientos", señala la representante de UGT Justicia, Elena Gamazo, quien critica la "actitud pasiva" de la Xunta. "La solución no supone un coste tan importante, y menos aún cuando se aproxima al famoso vídeo de Enrique Iglesias por el que sí se ha afrontado un gasto extraordinario y, a nuestro entender, innecesario", indica Gamazo.
Los afectados reclaman al Ejecutivo autonómico que tome las mismas medidas en A Coruña que en Lugo. La Consellería de Xustiza rectificó esta semana su decisión de retirar a las dos funcionarias del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que investiga dos macrocausas, la Pokemon y la Carioca, tras las quejas de la magistrada Pilar de Lara, que fueron respaldadas por los sindicatos UGT y CSIF. "Los refuerzos no solo hacen falta en Lugo, sino en todos los lados, sobre todo en los juzgados de lo penal. Hay que tener en cuenta que los asuntos de corrupción son complejos y no hay personal especializado", subraya el portavoz de CCOO, Jorge Suárez.
La Xunta deberá pronunciarse en los próximos días sobre los requerimientos de la unidad judicial y de los sindicatos. En la operación Zeta, por el momento, hay 30 imputados, entre ellos cinco altos cargos del Ejecutivo autonómico, empresarios, sindicalistas y dirigentes de asociaciones.
La investigación policial comenzó a finales de 2011 tras la denuncia de dos empleadas de uno de los principales cabecillas, el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, Eliseo Calviño. En 2012 los agentes de la Policía Judicial detuvieron a los sospechosos y registraron sus empresas y domicilios. El secreto de sumario de la causa, que supera los 12.000 folios, se levantó el pasado mes de octubre. Los agentes de la Policía Nacional concluyen en sus informes que las entidades investigadas fueron adjudicatarias, entre 2008 y 2012, de 20 millones de euros en subvenciones, la mayoría procedentes de la Xunta y destinadas a cursos de formación para desempleados y discapacitados.
