En tiempos de crisis, las subvenciones públicas se convierten en una potente palanca para fomentar la conservación y la creación de empleo en el sector privado. Pero no todas las iniciativas salen bien ni cumplen los objetivos marcados, al margen ya de que exista o no una intención de fraude. Pues resulta que entre los años 2009 y 2013 fallaron nada menos que 3.775 empresas que habían recibido de la Consellería de Traballo ayudas de apoyo al empleo y la Xunta les ha reclamado la devolución de un total de 18,644 millones de euros por incumplir los fines que precisamente justificaron esas subvenciones.
El departamento de Beatriz Mato no habla de fraude, sino de "incumplimientos" de las obligaciones establecidas tras realizar los pertinentes controles, lo que ha derivado en la apertura de expedientes para exigir el reintegro total o parcial de las ayudas que percibieron en su momento. Los 18,6 millones exigidos se concedieron como incentivos para crear puestos de trabajo, realizar nuevas contrataciones, conservar las plantillas o fomentar el autoempleo, y los perceptores incumplieron los objetivos, tal vez imposibilitados también por las consecuencias de la crisis.
Estas subvenciones para apoyar el empleo se destinaron a autónomos, empresas, centros especiales, iniciativas locales de empleo -apoyadas por alguna administración- y proyectos de base tecnológica.
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La Consellería de Traballo sostiene que a partir del año 2009 se reforzaron los controles y el seguimiento sobre las subvenciones destinadas al empleo con el objeto de garantizar que los fondos públicos tenían un buen uso y que las distintas iniciativas cumplían con los requisitos fijados. Esa es la causa por la cual el número de expedientes de reintegro de ayudas se dispara a partir de ese año.
En 2009, la Xunta tramitó 366 expedientes para reclamar la devolución de 1,985 millones de euros concedidos en subvenciones en años anteriores.
Pero ya al siguiente ejercicio el número de incumplimientos detectados ascendió a 785 y se exigieron casi cuatro millones de euros en reintegros. Las cifras volvieron a incrementarse en 2011, cuando la Consellería de Traballo actuó con 879 empresas y centros de empleo solicitándose la devolución de 4,229 millones de euros.
Y en 2012 se alcanzaron las mayores cuotas de intervención. Los servicios de inspección apreciaron irregularidades en 933 beneficiarios y les reclamaron otros 4,7 millones de euros procedentes de subvenciones. Al año siguiente, las cifras se moderaron ligeramente. La Xunta abrió 812 expedientes con una reclamación total de 3,792 millones de euros.
En total, en estos cinco años la Consellería de Traballo actuó contra 3.775 perceptores de ayudas que fueron incapaces de conseguir los objetivos que se habían marcado y que justificaron el acceso a los fondos públicos. Se les reclamó un reintegro global de algo más de 18 millones de euros, si bien la Xunta no precisa si finalmente el dinero volvió a las arcas autonómicas.
El 44% de las irregularidades descubiertas, y también el 44% del importe reclamado, corresponde a la provincia de A Coruña, con 1.688 expedientes abiertos y 8,69 millones de euros. Pontevedra figura en segundo lugar, con 936 expedientes y 3,4 millones de euros reclamados. En Ourense se actuó contra 241 empresas (1,289 millones) y en Lugo con 811 (3,32 millones), mientras que los servicios centrales de la consellería incoaron 89 expedientes por un importe total de 1,85 millones.
Con respecto a 2014, el Gobierno gallego no puede facilitar los datos porque aún no está cerrado el ejercicio y porque además muchos de los expedientes se encuentran todavía en fase de alegaciones por parte de los beneficiarios.
De todas formas, las cifras parecen que van en sintonía con la registradas en años anteriores. De hecho, solo en el último trimestre se han notificado en el Diario Oficial de Galicia nada menos 90 expedientes contra empresas a las que no se pudo localizar en la dirección de correo señalado y se les exige en el reintegro de subvenciones por no mantener la plantilla de personal estable a pesar de estar subvencionada o por no contratar a mujeres o a jóvenes a pesar de tener una línea de ayudas específica para ello.
Controles más estrictos para las nuevas subvenciones
- El descubrimiento de una trama -investigada en la operación Zeta- para el cobro irregular de subvenciones destinadas a cursos de formación que nunca se prestaban llevó a la Xunta a endurecer los controles para la concesión de estas ayudas. Las nuevas medidas se activaron el pasado mes de enero cuando el Gobierno gallego sacó una línea de subvenciones por importe de 23,5 millones de euros para la formación de 10.000 parados gallegos.Como novedad, en adelante se incrementarán los seguimientos presenciales de los alumnos para verificar que realmente asisten a clase, se prohibirá la contratación del servicio docente por parte de una empresa y se exigirá que los profesores contratados entreguen a la Administración sus comprobantes de alta en la Seguridad Social y el cobro de la nómina, entre otras condiciones.
