Gerardo Crespo, el empresario imputado en la operación Zeta, se acogió esta mañana a su derecho a no prestar declaración ante la juez que investiga el caso. El acusado de, presuntamente, defraudar subvenciones destinadas a cursos de formación alegó que falta un informe de Hacienda."No sabemos de qué hay que defenderse", indicó ante los medios de comunicación a la salida del edificio de Nuevos Juzgados.
El sospechoso subrayó que realizó todos los cursos para los que recibió ayudas públicas."Soy totalmente inocente. Todo era totalmente legal. La policía sacó unas conclusiones erróneas. El sumario es tendencioso", subrayó, al tiempo que recalcó que desde hace 25 años se ha dedicado a " trabajar y crear empleo".
El abogado del empresario, José Ramón Sierra, insistió en que la Xunta recibió el soplo de que la policía investigaba a Crespo cuando la operación estaba bajo secreto.
Además de Gerardo Crespo hay una treintena de imputados.
