La Xunta inyectará siete millones de euros más al año a las concesionarias de las autovías del Salnés (AG-41), Barbanza (AG-11) y Celanova (AG-31) para evitar su quiebra. Estas vías estaban registrando un 40 por ciento menos de tráfico del previsto en el contrato suscrito con la Consellería de Medio Ambiente, lo que amenazaba su viabilidad. El Gobierno gallego les abona un peaje en la sombra en función del número de coches que circulan por estas vías. Ante el riesgo de quiebra el Ejecutivo autonómico se sentó a negociar con las adjudicatarias para modificar la concesión y compensarlas por la caída en el número de usuarios. Finalmente, el departamento de Ethel Vázquez decidió incrementar un 49 por ciento la tarifa que les paga por cada vehículo. De esta manera, en 2015 en lugar de pagarles 13,9 millones de euros, las concesionarias recibirán en total de 20,8 millones de euros, siete millones más de lo previsto en el contrato inicial.
Esta compensación en las tarifas se prolongará hasta que las empresas que gestionan las autovías reequilibren sus cuentas. "Cuando tengan capacidad para pagar su deuda se volverá a la situación inicial", explican desde la Consellería de Medio Ambiente.
En el caso del rescate a las tres autovías gallegas, con peaje en la sombra, la Xunta alega que esta inyección económica de siete millones de euros anuales es ventajosa para la administración y que "no se hace para que las empresas ganen dinero, sino para que paguen su deuda". En este sentido, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aclaró que saldría mucho más costoso dejar que fueran a la quiebra, puesto que en ese caso la Administración autonómica tendría que indemnizarlas con 189 millones de euros.
Por contrato la Xunta se comprometía a garantizar unos mínimos de tráfico a las empresas concesionarias de estas autovías -que no se estaban cumpliendo-y también se fija un máximo de vehículos usuarios. Rebasada esa barrera el Gobierno gallego no tiene por qué incrementar su aportación económica. En todo caso, la Administración autonómica debe reservar siempre en sus presupuestos la cuantía máxima, como si se alcanzara el tope de tráfico. Por lo tanto, otro de los argumentos que utiliza Medio Ambiente para justificar esta operación, es que con unos tránsitos tan bajos se ahorran dinero, concretamente 115 millones de euros durante todo el periodo de la concesión que en el caso de la autovía del Salnés culmina en 2035, en la del Barbanza un año más tarde y en la de Celanova en 2040.
El problema es que la Xunta falló con sus proyecciones de tráfico y la crisis terminó por hundir la rentabilidad de estas autovías y por eso ahora es preciso una nueva inyección de dinero. Este rescate coincide con la decisión de Medio Ambiente de modificar el contrato de la Autovía da Costa da Morte, cuyas obras presupuestadas en 607 millones de euros se han retomado ahora. Pese a que esta infraestructura dará cobertura a un área de solo 80.000 personas y un tráfico que se estima escaso, el Gobierno gallego decidió dar facilidades a la empresa adjudicataria para que siguiera adelante con las obras. Por el contrario, sigue pendiente el desdoblamiento del corredor de O Morrazo, que da servicio al área de influencia de la zona más poblada de Galicia y tiene un tráfico de 14.500 vehículos diarios.
Desde el inicio de la concesión el tráfico en la autovía del Salnés está un 40% por debajo de las estimaciones iniciales. Es la menor caída de las tres autovías en riesgo de quiebra y, por eso, la adjudicataria -una UTE liderada por Copasa, la misma compañía que va a construir la Autovía da Costa da Morte- recibirá de la Xunta 1,8 millones de euros más cada año. En todo caso, el tránsito en esta vía creció en el último año un 1,6%.
A la de Celanova, también gestionada por Copasa, le dan otros 2,4 millones y a la Autovía do Barbanza, explotada por Abanca e Itínere, le corresponden 2,9 millones de euros. Según la consellería, estas empresas pedían a la Xunta un aumento mayor de las tarifas, del 87 por ciento.
