La Fiscalía ha requerido a la Consellería de Medio Ambiente información sobre el cambio en las condiciones de la concesión para construir la Autovía da Costa da Morte. La Xunta remitió ayer la documentación relativa a esta infraestructura, incluido el contrato suscrito por el Gobierno bipartito y que posteriormente fue rescindido.
El fiscal se dirigió a la Consellería de Medio Ambiente tras la querella por prevaricación presentada por el BNG la semana pasada. La Fiscalía informó a la Xunta de la apertura de diligencias de investigación penal y le reclamó documentación para aclarar las condiciones en las que se modifica el contrato de la Autovía da Costa da Morte.
El proyecto de la Autovía da Costa da Morte fue anunciado tras la crisis del Prestige y fue el Gobierno bipartito el primero en adjudicar las obras en 2008 por 540 millones de euros a una UTE formada por Ferrovial, Taboada y Ramos. Sin embargo, no se llegó a empezar la obra por los problemas para encontrar financiación de la concesionaria. Cuando el PP ganó las elecciones a la Xunta en 2009 se rescindió el contrato y se volvió a adjudicar la obra, en este caso a Copasa.
Sin embargo, la nueva adjudicataria tampoco consiguió la financiación necesaria para poner en marcha la obra, que quedó paralizada durante años.
Para resolver la situación la Xunta decidió introducir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos una modificación legal con la que recorta un 39 por ciento el trazado de este vial, pero solo un 17 por ciento el presupuesto. De esta manera blinda una autovía que solo da servicio a un área de 80.000 habitantes, mientras el corredor de O Morrazo con 14.500 vehículos diarios sigue sin fecha para su desdoblamiento.
En su escrito el fiscal pedía a la Xunta que aclarase si la adjudicataria está en quiebra, tal y como argumenta el BNG en su querella, y qué ahorros se produce con el cambio en la concesión.
El director xeral de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, niega la quiebra de la empresa. "Los accionistas de la concesionaria pueden meter capital en la obra, por lo tanto no se produce esta insolvencia", explica.
La Fiscalía requiere también a la Xunta información sobre el recorte que se acomete en la obra y cómo se traslada al presupuesto. Desde el BNG censuran que se le perdona a la obra un 39 por ciento del recorrido pero solo se reduce un 17 por ciento las cantidades a percibir por la adjudicataria.
Menéndez explica que enviaron al fiscal el expediente tramitado durante el gobierno bipartito donde la obra se licitaba por 940 millones, aunque al final se adjudicó por 540 millones, una cantidad que, según Medio Ambiente, era "una baja temeraria". Por esta razón, alegan que el BNG no puede comparar los 617 millones de euros que recibirá la concesionaria, tras el cambio de condiciones, con esos 540 con los que fue adjudicada por el bipartito. El Gobierno gallego defiende el "rigor" del cambio en la concesión, pese al informe contrario de los letrados de la Cámara.
