Empresarios gallegos que pusieron casi 20 millones en Novagalicia Banco en enero de 2012 para lograr su deseada "galleguización", y que ni un año después perdieron lo invertido en el proceso de recapitalización de la entidad mediante la operación acordeón (reducción a cero del capital para después ampliarlo por 5.425 millones), aseguraron ayer en el juicio contra el FROB y NCG que lo que más pesó para su entrada en el accionariado fue que se trataba de un proyecto liderado por José María Castellano con el aval del Estado (con el 92% del capital) y que les aseguraron que era "una gran oportunidad" al tratarse de un banco "recapitalizado, saneado, solvente y viable". Los demandantes -Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Concable, Inversiones Subel (de Luis Fernández Somoza), Río Breiro (Jealsa), Coren y Copasa- defendieron que los representantes de NCG, "y por tanto del FROB", les presentaron documentación del Banco de España sobre la situación del banco y que, tras asegurarles que con el fondo estatal en el accionariado su futuro estaba asegurado, no dudaron en aceptar la operación. "El Estado era la garantía", explicó uno de los demandantes durante el juicio que comenzó ayer en el juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña, argumento que utilizaron para justificar el hecho de no haber pedido auditorías alternativas o análisis a fondo de las cuentas de la entidad.

El que por entonces era jefe de los servicios jurídicos de NCG, José Eduardo Álvarez-Naveiro, por su parte, defendió que las gestiones para la captación de inversores, gallegos y "en general", las realizó en primera persona el presidente de la entidad, José María Castellano. Este abogado aseguró en varias ocasiones que el proceso de negociación era casi exclusivo de Castellano y apuntó desconocer si el máximo responsable de la entidad informaba al FROB de sus gestiones.

Álvarez-Naveiro relató que la negociación con posibles inversores se intensificó a finales de 2011 y que la información aportada a los empresarios gallegos -el conocido como Informe Sotomayor- era con datos de agosto. "Constaba que el banco estaba recapitalizado y cumplía los requisitos del decreto Salgado [la entonces ministra de Economía del Gobierno socialista]", apuntó el representante de NCG. "A fecha del documento, eran datos ciertos. No me consta que después se actualizase", añadió en respuesta a preguntas de la acusación, que sostiene que cuando los inversores gallegos firmaron el acuerdo de compraventa el banco ya preparaba una nueva dotación millonaria de provisiones por un "ajuste retroactivo" hasta 2010 y que el Gobierno popular -con Luis de Guindos como ministro de Economía- estaba a punto de publicar un nuevo decreto de saneamiento que requeriría un ajuste de "50.000 millones a la banca española". "Creo que fue muy posterior, en 2012, en marzo o así, cuando se detecta el déficit y la diferencia de valor de la entidad. No me consta decir a los inversores de hacer un ajuste retroactivo y la información dirigida a ellos la gestionaba [Castellano] de forma muy singular y restringida", indicó Álvarez-Naveiro, que se remitió a las actas de la entidad sobre esa posible ocultación de información a los empresarios. "Creo que el banco actuó con la diligencia debida y que hicimos lo correcto", concluyó.

El primer empresario en comparecer ante la juez fue el consejero delegado de Hijos de Rivera, José María Rivera, que explicó que al entrar en NCG -la firma coruñesa aportó más de cuatro millones- primó la información de que era una entidad saneada que pretendía volver a sus orígenes. "Partimos de un soporte, de una auditoría del Banco de España, y como empresarios de buena fe, tenía que ser suficiente. La decisión de participar fue por la racionalidad de que el negocio volvía a Galicia. El cambio de gestión nos animó y nos dio confianza", resumió Rivera, que insistió en que no solicitaron una auditoría alternativa "porque había una del Banco de España". "Confiamos en el proyecto. Y al vendedor le preguntamos si el banco estaba saneado y era viable, y nos dijo que sí", apuntó el directivo de la cervecera coruñesa, para añadir que se leyó la documentación sobre el banco "pero no a fondo". "Teníamos confianza en NCG y el FROB. A priori nadie podía pensar en un engaño", sentenció Rivera.

El consejero delegado de la firma propietaria de Estrella Galicia detalló además que el contrato de venta de acciones era más "como un contrato de adhesión", cerrado, al mismo precio que había comprado el FROB, aunque con un interés en caso de que se retrasase la operación "bastante interesante", del 12% según apuntaron otros inversores.

El directivo de Hijos de Rivera, al igual que el resto de demandantes, afirmó, a preguntas de su abogado, que cuando firmó el contrato de compra no sabía que NCG necesitaría otra inyección de capital por el ajuste retroactivo. "Si lo supiese, no habría firmado", concluyó.

El segundo empresario que declaró en la vista fue el presidente de Inversiones Gallegas del Cable, Roberto Díaz Rincón, que recalcó que su entrada en el capital se basó en la confianza. "En septiembre de 2011 entró el FROB y está el Estado detrás, es el balance que hago. Estaba también la auditoría del Banco de España. Si no me fío de ella, me tengo que ir de España. Era un banco saneado y viable, así lo entendimos", apuntó Díaz Rincón. "Y entiendo que si el FROB tenía el 92% del capital, al hablar con Castellano estoy hablando con el FROB, no con NCG. Negocié con el FROB y pagué al FROB", quiso dejar claro el también presidente de Invertaresa, que añadió que poco después de cerrarse la operación los responsables del fondo estatal "dijeron que había sido una inversión magnífica". "No pedimos información adicional por confianza, no cuestionamos la que nos ofrecían. Y el contrato no fue negociable, fue un contrato de adhesión. Nos pusieron entre la espada y la pared porque si no invertíamos parecía que traicionábamos a Galicia", denunció Díaz Rincón, que se sintió estafado. "Se nos vendió un coche y a los dos meses nos enteramos de que está embargado y no es nuestro. Es una estafa", denunció el líder de Inversiones Gallegas del Cable.

El representante de Concable, Juan Álvarez de Mon, por su parte, aseguró que los accionistas de la firma analizaron la "bonanza" de la inversión. "La incorporación del FROB y su determinación a sanear el banco fue básica. No analizamos las cuentas. No éramos conscientes de que el balance no reflejaba la situación real", indicó Álvarez de Mon.

Mientras, un emocionado Luis Fernández Somoza, expresidente de Azkar y que invirtió más de cinco millones a través de Inversiones Subel, relató que en el momento de la compraventa quiso demostrar su "agradecimiento histórico" a Caixa Galicia, que financió sus proyectos desde los años 60. "Tenía relación con Castellano por cuando estuvo en Inditex. Me preguntó por mi disposición a invertir y le dije que sí. Al precio que paguen los fondos, le propuse, para servir de motor para la entidad" relató Fernández Somoza. "Castellano me dijo que el banco estaba bien y no pensé que el FROB hiciese ese disparate. No tuve asesor, siempre me guié por las cuentas de la vieja. Confío en la gente", concluyó.

Por parte de Río Breiro (Jealsa) declaró Jesús Alonso, que dejó claro que no dudaron de una compraventa en la que estaba comprometida también la cúpula de NCG. "Había confianza en el proyecto. Prueba de que era una buena inversión es que Castellano y el propio González-Bueno [el número dos de la entidad gallega] participaban en la operación", dijo. Una declaración que complementó pocos minutos después el representante de Coren, José Javier Bobillo Blanco: "Era una oportunidad de inversión y el Estado era la garantía. No teníamos ni idea de que se preparaba un ajuste retroactivo".

El presidente de Copasa, José Luis Suárez, cerró la vista de ayer asegurando que la decisión de invertir más de tres millones en el banco gallego fue suya, sin pedir asesoramiento jurídico. Le comentó la operación a colaboradores cercanos pero no la llevó al consejo de administración de la constructora. "Era un proyecto de futuro y creímos que la idea era sustituir al FROB entre los inversores gallegos y otros fondos con los que negociaba la entidad. Creí que había poco que pensar. Parecía la operación más auditada, radiografiada, y era impensable dudar de la bondad del proceso", apuntó Suárez, que remarcó que siempre pensó que al negociar con Castellano trataba con el FROB. "Entiendo que quien vende acciones del FROB representa al FROB", sentenció.

El juicio de este grupo de empresarios continúa hoy con las pruebas periciales y es el primero de cinco procesos: mañana y pasado será el turno de la demanda de Gadisa, los días 20 y 21 de este mes el caso liderado por Inveravante (la corporación de Manuel Jove), el 11 y 12 de diciembre el de Hierros Añón y hay una quinta demanda asumida por un juzgado de Madrid de la que aún se desconoce la fecha del juicio.