Los investigadores de la operación Zeta por el presunto uso fraudulento de fondos públicos para la formación de desempleados aseguran en el sumario que constataron la "irrealidad asociativa" con la que Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la trama de fraude e imputado en ella, concurría a los concursos para optar a ayudas públicas. En las intervenciones telefónicas es "constante", según destaca la Policía Judicial, la referencia "a la creación y desarrollo fraudulento" de las asociaciones.
La fórmula que utilizó Crespo para crear sedes ficticias de la Asociación de Trabajadores de Discapacitados de España (Atrade) y, de esta forma, poder optar a "un abanico más amplio" de subvenciones, tanto estatales como autonómicas y locales, fue similar, según la policía, a la que usó la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), fundada y dirigida por Eliseo Calviño, también imputado en la trama. En ambos casos, los investigadores concluyen que hacían pagos a otras entidades, principalmente academias situadas en diferentes puntos de España, para que ejerciesen como falsas sedes de sus asociaciones a cambio de 300 euros anuales.
En los correos que remitía Crespo a las entidades, les detallaba el papel que deberían ejercer: "Os pedimos la posibilidad de figurar como denominación social de esta sede (Atrade) en vuestra provincial, lo cual NO implicaría tener que hacer ningún tipo de gestión distinta a la que hacéis habitualmente, solamente tendríais que colocar en vuestro centro un distintivo-pegatina-cartel en la fachada que os haremos llegar y dar de alta un teléfono a nombre de Atrade, que también nos encargaremos nosotros de hacer. Se os pagaría la cantidad de 300 euros al año, efectuándose el pago íntegro una vez firmado el contrato de arrendamiento".
Para convencer a los propietarios de las academias, el imputado en la operación Zeta añadía: "Para colaborar como sede de Atrade no es necesario más gestión que colocar el logo de la asociación en la puerta y cedernos a una persona para que esté en nómina de Atrade a media jornada, pagándole nosotros la nómina correspondiente a esa jornada, pero facturándonos la misma, dado que a tiempo completo estará disponible para vuestro centro", indicaba el empresario. Una vez que las entidades aceptaban el trato propuesto por Crespo, el grupo Azetanet les enviaba un correo recordándoles cómo debían comportase en caso de recibir llamadas para mantener la farsa de que eran sedes de la Asociación de Trabajadores de Discapacitados de España.
Los archivos con este tipo de documentos, según la Policía Judicial, reflejan "con claridad la irrealidad de las sedes de Atrade, siendo todo una pura apariencia formal". Esta "estructura" permitió que la asociación fuese receptora de 500.000 euros procedentes de las arcas públicas, según sostienen los funcionarios que investigaron el caso.