Los implicados en la trama de fraude de ayudas para cursos tenían, según el sumario de la operación Zeta, tres objetivos: ser los adjudicatarios de las subvenciones, incorporarlas a sus patrimonios y conseguir facturas falsas o infladas para justificar ante las administraciones en qué gastaban el dinero de las arcas públicas. Para captar el mayor número de contratos, según concluye la Policía Judicial, los implicados, que contaban con la colaboración de "responsables públicos", creaban asociaciones "fantasma" y, para fingir que eran representativas, compraban listados de autónomos a empresas a través de internet.
Para ellos, la formación e inserción en el mercado laboral de los alumnos era lo de menos; su principal objetivo era enriquecerse, según los investigadores. La policía sostiene que muchos de los cursos ni se impartían y, los que se realizaban, se hacían con el menor número de medios posible. Casi no invertían en la ejecución real de los programas y el dinero de las subvenciones se lo apropiaban, la mayoría de las veces, a través de facturas falsas o infladas emitidas por entidades subcontratadas que gestionaban ellos mismos, sus familiares u otras entidades presuntamente implicadas en la trama, como el sindicato USO o la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña. La Policía Judicial subraya que los responsables públicos hacían "la vista gorda", pues de lo contrario el supuesto fraude, que alcanzaría los 20 millones de euros, sería imposible de llevar a cabo.
El sumario de la operación Zeta recopila las conversaciones intervenidas que más relevancia tienen para los agentes, entre las que destacan las mantenidas entre trabajadoras de la consultoría de Crespo, Azetanet, sobre la que presuntamente giraba gran parte de la organización delictiva. "El curso va a ser una mitad falso porque no hay alumnos...", admite una de las empleadas. Los agentes indican en su informe que otro de los pinchazos revela que Crespo y sus asalariadas "se plantean falsificar firmas" de alumnos. El 15 de febrero de 2012, la directora general de Azetanet, Margarita Ordóñez, también imputada en la causa, reconoce en una llamada a Crespo "haber falsificado la firma de alumnos de un curso con el objeto de justificar la recepción de los diplomas y así poder recibir el resto de la subvención", según indica el 091.
La Policía Judicial, además, incluye en el sumario otra conversación en la que la sospechosa se plantea "utilizar a algún alumno ficticio", por lo que hace comentarios como: "Hay que buscarlos porque además ese dinero se pierde. Lo pierden ellos y lo perdemos nosotros, lo pierde todo el mundo... es que además, estos cabrones piden todo, piden todos los datos, porque otros a lo mejor aún te dejan, ¿sabes? A ver, se puede utilizar algún alumno ficticio, pero todos no, todos no...".
"La directora general de Azetanet se plantea sin rubor y ante los problemas para cubrir plazas presenciales para cursos falsear la presencia de alumnos", recalca la policía, al tiempo que transcribe otra conversación de esta imputada: "Pues ya está, se hace en Madrid con la gente que hay, esa chica se firma por ella la presencial, y si por casualidad tenemos una auditoría justo ese puñetero día, como es en Madrid y es en nuestra instalación, una de nuestras personas se mete y se hace pasar por ella", a lo que su interlocutor responde: "Así me gusta, con dos cojones...".