Es uno de los puntos más discutidos por los sindicatos, pero a pesar de ello el Gobierno gallego mantiene intacto en su borrador de la Lei de Emprego Público el plus que cobran los altos cargos cuando dejan su puesto y vuelven a su plaza de funcionario. La medida fue instaurada por el bipartito pero la Xunta de Núñez Feijóo decidió no tocarla.
La otra polémica de esta nueva norma, que lleva más de un año cocinándose, está en la evaluación a la que la Xunta piensa someter a su personal. Los sindicatos no se quejan de que se someta a los trabajadores públicos a un examen pero exigen que se regulen criterios objetivos y que este aspecto no se deje a la discrecionalidad de un superior.
Además reclaman que se regule el nombramiento de cargos directivos en los entes autonómicos y que estos sean elegidos entre el personal que trabaja para la Xunta y no personal que venga de fuera.
De la aprobación de esta Lei de Emprego Público depende también que la Xunta retome lo anunciado por el presidente Alberto Núñez Feijóo de convertir en fijo al personal laboral. La previsión es reactivar este plan a final de año.
