La juez Pilar de Lara que investiga la operación Pokemon sospecha que la empresa Aquagest no solo trataba de lograr concursos públicos en Santiago y otros ayuntamientos cediendo dinero a las arcas municipales y contratando enchufados. En la capital de Galicia, la magistrada sospecha que la empresa "estaría realizando la ocultación de facturas" al concello y trataría de cobrar "servicios no prestados". Un pinchazo telefónico policial revela que un cargo de la empresa da órdenes para cargar al consistorio 600.000 euros por obras supuestamente inexistentes.
El levantamiento del secreto de sumario de otros trece tomos del caso Pokemon recoge un auto de la instructora del 13 de febrero del año pasado de 133 páginas. Este reserva un epígrafe para un dato que no había trascendido hasta ahora: el supuesto intento de Aquagest de colocar al concello de Santiago una factura de 600.000 euros por servicios inexistentes. El delegado de la empresa en Santiago, José Luis Míguez, ordena el 5 de diciembre de 2012, siendo Celso Currás ya regidor, a una trabajadora emitir la citada factura, decisión que achaca a Henry Laíño, responsable de la empresa en Galicia, que "metió en el presupuesto 600.000 euros de "nuevas instalaciones", que no tienen ningún papel que lo sustenta, nada fue al pleno ni está aprobado en ningún sitio", según recoge el auto, en alusión a una gestión que podría ser previa a la dimisión de Gerardo Conde Roa como alcalde en abril de 2012, pero que iba a ser cargada al concello con su sucesor al frente
De acuerdo con el sumario, Conde Roa, al que Aquagest supuestamente pagó un viaje de lujo a Barcelona con su esposa y que presionó para que la empresa renovase el contrato de 18 millones con el ayuntamiento, habría firmado un documento en que la corporación "estaría dispuesta reconocer la deuda existente de 200.000 euros", según indica Míguez a una empleada.
Esta no es la única irregularidad a la que se refiere la juez del caso. En ella aparece de nuevo Míguez, que, en una conversación telefónica intervenida por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), alerta a un empleado de que es necesario evitar el envío de determinadas facturas al concello porque este podría detectar que no funcionan cuatro depuradoras, por cuyo mantenimiento recibe la empresa 400.000 euros y cuya tarifa querían elevar. "Míguez explica que no quiere que ninguna factura le llegue al ayuntamiento porque han pasado que les cuesta mantener las cuatro depuradoras 400.000 euros. Si ahora le llega una factura y ven que Fenosa no ha funcionado hasta ahora, se viene abajo el tema de la subida de tarifas y si ven que no funcionan, se columpian. Recalca que todos los recibos se los envíen a ellos (Aquagest), no al concello", relata en su auto la juez.
No es el único caso de inflado de facturas, aunque sí el de mayor volumen. El auto de la juez indica que también se estaría realizando esta práctica fraudulenta en Ourense, donde se facturó un informe que valía 3.000 euros por 12.000 para "pagar los favores de Ourense", en alusión al secretario de la Diputación provincial Francisco Cacharro.
Ante estos indicios, la juez colige que "la facturación falsa parece una tónica en Aquagest". El detonante es una conversación de Míguez ordena a un empleado cargar como "obras varias" lo que De Lara entiende son "gastos de invitaciones", supuestamente a cargos políticos.
El extenso auto de la juez Pilar de Lara arroja nuevos detalles sobre la presunta trama de corrupción en ayuntamientos, donde se logran concesiones a cambio de enchufes, dinero o patrocinios y en la que los investigadores incluso sospechan de financiación ilegal de PP y PSOE. El concejal de Deportes de Santiago, el popular Adrián Varela, reconoció en su declaración aportaciones de algún empresario al partido y en un pinchazo cifra casos de donaciones al margen de la norma de hasta 45.000 euros.
