La tijera a fondo que el Gobierno aplica sobre las primas a las energías renovables en la lucha contra el déficit tarifario, con la intención manifiesta además desde el Ministerio de Industria de poner punto y final a la doble remuneración para este tipo de fuentes -la venta en el mercado convencional y un plus por su contribución a la lucha contra el cambio climático-, sacan a la luz todas las debilidades del esqueleto financiero de Sogama. El complejo que trata la basura del 96% de los ayuntamientos de la comunidad tiene en los ahora discutidos incentivos a la producción verde la principal vía de ingresos. Por encima incluso de la actividad convencional para la que nació, del canon que abonan las entidades locales por la prestación de sus servicios. Esa otra vertiente de la compañía, como una eléctrica más, que en agosto de 2011 la Xunta consolidó con una nueva catalogación de la planta para beneficiarse de más y mayores bonificaciones. Ahí está la clave de que Sogama sufra con especial dureza el cambio de reglas de Industria y de ahí viene también la otra gran amenaza para las cuentas. El Ejecutivo central ha llevado la ventajosa reclasificación de hace dos años a los tribunales y le reclama la devolución de más de 11 millones de euros.
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