Probablemente, como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apunta, detrás del descenso durante el primer semestre del año en las ejecuciones hipotecarias está como "una de las causas" la ley antidesahucios impulsada el pasado mes de mayo por el Gobierno para suavizar las condiciones del préstamo en los colectivos de especial vulnerabilidad, como familias numerosas o monoparentales con hijos, discapacitados, desempleados o víctimas de violencia de género. Su número se redujo en el conjunto del Estado un 13,4%, hasta las 41.595. Toda una novedad desde el estallido de la crisis. Solo en parte del 2011, antes de la caída en la segunda recesión, la estadística con este tipo de procesos que desembocan en la subasta del inmueble, mostró una cierta tregua en el incremento disparado en los ejercicios previos. Pero ese freno que vuelve a darse deja importantes excepciones en algunas autonomías. En cinco, concretamente, entre las que destaca Galicia, donde las ejecuciones crecieron entre enero y junio más de un 11%.
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