Pese al varapalo del Consejo de Estado a la reforma local, el Gobierno central no está dispuesto a dilatar los plazos y sentarse de nuevo a negociar con los alcaldes un proyecto que deja descontento incluso a los regidores de su propio partido. Su intención es que entre ya en vigor en enero de 2014. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó ayer que ya están trabajando para introducir en el texto las correcciones marcadas por el órgano consultivo y el PP aclaró que el coste estándar al que los municipios deberán prestar sus servicios se fijará "concello a concello" y se tendrá en cuenta el número de habitantes, la dispersión y la densidad del ayuntamiento. La previsión es que el proyecto sea aprobado en Consejo de Ministros el próximo 19 de julio.

La Federación Gallega de Municipios (Fegamp), que preside el alcalde popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se apoya, sin embargo, en el dictamen negativo del Consejo de Estado para reclamar al Ministerio de Hacienda que abra de nuevo negociaciones con los ayuntamientos para consensuar el texto.

El coste estándar es el punto que suscita más rechazo entre los alcaldes puesto que si los municipios no logran prestar sus servicios a precios competitivos tendrán que delegar competencias en las diputaciones. La Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) demanda que se tengan en cuenta las peculiaridades municipales puesto que inevitablemente unos servicios son más caros en unos pueblos que en otros y piden que los municipios con superávit no se sometan a esta exigencia del coste estándar.

El Consejo de Estado, que advirtió de los riesgos de inconstitucionalidad de la reforma, le pone principalmente dos pegas: el coste estándar que, en su opinión, no está bien desarrollado en el anteproyecto de ley, y sobre todo el principio de autonomía local y la reducción de competencias a los ayuntamientos.

Pese a que el texto se lleva tramitando desde hace un año el Gobierno no ha conseguido vencer ni siquiera las reticencias de los propios alcaldes del PP. Por esta razón, y en vísperas de que se apruebe en Consejo de Ministros, el vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, y el secretario ejecutivo de Política Local, Manuel Cobo, remitireron una carta a más de 5.000 alcaldes populares para explicarles que el coste estándar se fijará "municipio a municipio y servicio a servicio". Añaden además que se tendrán en cuenta "un conjunto de especificidades" que pudieran justificar que la prestación de un servicio sea más cara en un concello que en otro.

"Se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta", explicó ayer Beteta.

Esto atendería solo parcialmente las demandas de los ayuntamientos, que insisten en que los municipios con estabilidad presupuestaria deben quedar eximidos de someterse a este examen por parte del Ministerio de Hacienda.

La reforma local obligará también a las comunidades autónomas a asumir en un plazo de cinco años las llamadas competencias impropias en materia de sanidad y en un año los servicios sociales. En cuato al coste de mantenimiento de los colegios seguirá en manos de los concellos en espera de que se firme un nuevo modelo de financiación autonómica. Aunque los concellos están de acuerdo con este punto, el Consejo de Estado en su informe defendió que sanidad, educación y servicios sociales continuasen siendo gestionados por los municipios.

Pese a esta retahíla de críticas por parte del organismo consultivo, Beteta considera que solo son "recomendaciones" que no suponen "un obstáculo para su tramitación". "Me encantó el informe. Es fantástico", aseguró al entender que avala la constitucionalidad del texto.