Desde hace ya varias semanas, en las conversaciones con los afectados por el mayor escándalo financiero de los últimos años en España se deja entrever cierto agotamiento en la lucha. Casi un año llevan ya los compradores de las preferentes de las dos cajas gallegas en la calle reclamando sus ahorros, con dramáticas historias detrás, de engaño muchas veces, prácticamente siempre de falta de información sobre unos productos que, ahora, todo el mundo coincide en criticar, pese a que el sector al completo echó mano de ellos en masa como estrategia para dotarse de recursos y convertirse en los gigantes de pies de barro en los que no pocas entidades resultaron ser. "De poco valen las lamentaciones si de nosotros parece que nadie se acuerda. Pero, ¿quién nos rescata a nosotros? ¿Quién?", cuestiona el portavoz de una de las plataformas que reúne a los tenedores implicados en la provincia de Pontevedra, donde nació el espíritu combativo que luego se contagió al resto del país. De donde salió la gran demanda colectiva con la que la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aspira a demostrar la existencia de una gran estafa.
La pesadilla para los miles de afectados en la comunidad, unas 43.000 personas con una inversión acumulada ligeramente por encima de los 900 millones de euros, daba otro giro esta semana con la filtración de los planes que el Gobierno, por imposición de Bruselas, prevé para los llamados híbridos de capital en el marco del rescate europeo. La quita que se temía sobre las cantidades depositadas a la hora de ofrecer un canje y que desde la Comisión Europea ya venían señalando casi desde el principio de la polémica. El portavoz de Asuntos Económicos manifestaba esta misma semana que hasta finales de septiembre no se sabrá el descuento exacto a aplicar, que dependerá de cada entidad en función de las necesidades de capital que demande y que el 80% que se teme desde el propio sector es "pura especulación en este momento". "Pero ese porcentaje no sería extraño a la vista de la cotización que tienen las emisiones y, sobre todo, del valor que le pueden dar al banco", comentaban ayer desde un gabinete de asesoramiento a los afectados gallegos, donde insisten en que lo conocido del decreto es "la confirmación de lo peor".
Los mismos asesores y en las organizaciones de consumidores que también están en la lucha para la recuperación de las inversores confían, en todo caso, que tanto las demandas judiciales como los que opten por el arbitraje podrán seguir haciéndolo. Pese a que la futura normativa recoge que una vez que entre en vigor, no habrá margen para reclamar la quita ni al FROB ni a la entidad en cuestión, salvo en la Audiencia Nacional. "La clave está en el origen, en el contrato", recuerdan desde Adicae, donde ponen como ejemplo los inversores de bancos no nacionalizados que acudieron al canje para asegurarse "algo" de liquidez pero a condición de poder seguir adelante con sus demandas en los tribunales.
Aún así, pese al cansancio, las 22 plataformas de afectados decidían este viernes reforzar sus protestas. "Nadie €resume uno de los presentes en el encuentro€ está dispuesto a tirar la toalla". "Es €sostiene otra€ nuestra vida".
Las plataformas de afectados acusan a la Xunta de intentar desactivar las protestas
A los argumentos que llevan esbozados los afectados por las preferentes, especialmente por la falta de información, contra los actos de arbitraje que Xunta y Novagalicia ofertan como alternativa a los juzgados para recuperar el dinero, se une ahora el temor de muchos de ellos por los movimientos que desde el Ejecutivo autonómico se están dando en lo que ven como una maniobra "para desactivarnos". Desde la Dirección Xeral de Comercio, su responsable, Nava Castro, con las competencias también en materia de consumo, ha convocado, según apuntan desde varias plataformas, a varios de los integrantes para "ensalzar las bondades" del proceso e, incluso, hablar de casos concretos. "¿Con qué autoridad puede estar dando información de esa manera?", se queja uno de ellos.
El reproche se repite entre otras agrupaciones, aunque nadie quiere "tensar más los ánimos" porque "eso supondría darles la victoria a ellos". De ahí salen las denuncias públicas de hace varias semanas que el conglomerado de organizaciones que representan a los ahorradores atrapados lanzaron alrededor del procedimiento y la búsqueda de "una limpieza a ojos de la sociedad" de Novagalicia. "¿Pero es que alguien lo duda?", preguntan.
Es una de las cosas que explica, según interpretan los afectados, de que hasta ahora todos las conciliaciones en Consumo hayan resultado a favor de los minoristas. Porque evidentemente existió engaño, pero también porque NCG "cuida mucho" de los casos que llegan. Al fin y al cabo, el laudo arbitral pone fin a cualquier continuación de la reclamación y el impacto mediático de casos sin solución puede ser un problema a mayores para el ya delicado escenario en el que se mueve el banco. Sus responsables eligen los posibles candidatos a la mediación a través de la auditora PricewaterhouseCooopers como primer paso a remitirles una carta donde se les ofrece el camino abierto al reintegro con la correspondiente resta entre los intereses que han cobrado y los que realmente les correspondería por un depósito convencional. Van ya, según los datos de NCG hasta el pasado jueves, unas 1.900 cartas "de aceptación".
Pero no será una solución generalizada para los 43.000 minoristas. Y el propio presidente de Novagalicia, José María Castellano, lo reconocía en varias reuniones con sindicatos. Como mucho, un 30% de los 43.000 afectados. Sobre el resto, nadie se atreve a pronosticar lo que puede pasar.
