En apenas dos meses, la Xunta tendrá que decidir si implanta o no el impuesto de patrimonio rescatado por el Gobierno de Zapatero con el objetivo de crear 300.000 empleos para jóvenes. Al Ejecutivo de Feijóo, que tachó de "injusta e impropia" en tiempos de crisis la recuperación de este tributo para las rentas que superen los 700.000 euros, no le quedará otra que revisar su propia normativa fiscal sobre patrimonio, ya que es una de las cinco autonomías que tiene fijado un límite fiscal inferior al que acaba de reactivar el Gobierno central: un total de 108.000 euros, lo que golpea de lleno a las clases medias.
El real decreto-ley por el que se restablece el impuesto de patrimonio –suspendido en el año 2008, momento en que el Gobierno central fijaba el mínimo exento en 108.000 euros– contiene una modificación en su artículo 28 que establece el límite en 700.000 euros solo en el caso de que "la comunidad autónoma no hubiese regulado" sobre la materia. Pero once comunidades, entre ellas la gallega, tienen regulación propia, que nada más entre en vigor el decreto-ley volverá a reactivarse, salvo que los correspondientes ejecutivos autonómicos acuerden no recuperarlo o fijar otro límite fiscal.
En Galicia, junto a Baleares, Canarias, Cantabria y Cataluña el mínimo exento establecido en sus regulaciones supera la fijada por el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba. En el caso del Ejecutivo gallego, el tope coincide con el que entonces había fijado el Gobierno central: 108.000 euros.
Expertos en Economía coinciden en que "no debe preocupar a la clase media" el impacto del impuesto de patrimonio ya que su impacto es "menos relevante que el del IRPF" y afectará a fortunas que superen varios millones de euros.
Una propuesta rechazada
Precisamente sobre el impuesto de patrimonio se debatió ayer en el Parlamento de Galicia sin llegar a acuerdo. El PPdeG votó contra de una proposición no de ley del PSdeG con la que los socialistas pretendían que el Parlamento gallego solicitase al Gobierno central –sea el "que sea" tras las elecciones del 20 de noviembre– la recuperación del impuesto sobre el patrimonio.
"No vamos a votar una proposición no de ley que dice que instemos al Estado a hacer algo que ya hizo y, pasados tres días de que lo hiciera, su promotor, el señor Rubalcaba, dice que no le convence porque está mal hecho", argumentó el diputado popular, Pedro Puy. Y es que el candidato del PSOE a las generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió que el real decreto ley aprobado está "mal formulado" y anunció que lo sustituiría por otro en 2013.
La portavoz de los socialistas en la comisión de economía, María José Caride, defendió la iniciativa al enumerar los "recortes generalizados" de la Xunta y señalar que, con los "más de 40 millones" de la recaudación de dicho impuesto, la comunidad podría "hacer muchas cosas".
El parlamentario del BNG Henrique Viéitez reclamó que se aplique "el criterio de "quien más tiene, más paga", ya que, opina, "la crisis no afecta a todos por igual" y "lo lógico" es gravar a aquellos "que más tienen". Viéitez censuró "el carácter insolidario" del actual sistema fiscal, por lo que, a su juicio, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio es "adecuada y, además, necesaria" para "educar fiscalmente".
