Aunque la nueva Lei de Augas que prepara la Xunta obligará, por imposición de la UE, a cobrar un canon a todos las familias que se abastezcan de agua procedente de pozos propios o traídas vecinales, la Consellería de Medio Ambiente ha decidido, en un cambio de postura, eximirles del pago de la tasa. No tendrán que abonar el canon ni instalar contadores y, por lo tanto, seguirán igual que ahora, libres de cualquier obligación tributaria con la Administración por consumir un bien procedente de una captación construida con recursos privados.

El cambio de actitud tiene un doble motivo. Por una parte se trata de evitar conflictos con vecinos y ayuntamientos en la antesala de unas elecciones municipales, pero el más importante es que el servicio que tendría que desplegar la Xunta para controlar los consumos domésticos y gestionar la recaudación sería más costoso que la propia recaudación en sí, lo que sería un contrasentido. Y aunque en la ley se mantendrá esta tasa con carácter universal, será en el reglamento que la desarrolle donde se concrete que los hogares que no dispongan de traídas municipales quedarán al margen de su aplicación.

De no haber excepciones, unos 200.000 hogares tendrían que pagar a partir el próximo año el canon del agua, ya que la Consellería de Medio Ambiente estima que unas 620.000 personas (el 23% de la población gallega) se abastecen a través de pozos propios y traídas vecinales.

Pero por el hecho de que estos usuarios habían sufragado con su dinero las captaciones y redes de suministro, la Xunta había previsto para ellos una bonificación del 80% sobre la tarifa base. La tasa resultante era poco más que simbólica, pero debían pagarla y, en su mayor parte, correr con los gastos de instalación de contadores para controlar los consumos.

Así lo aseguraron hace tres semanas el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez.

Sin embargo, la pretensión de la Xunta ahora es que ni siquiera paguen esa cantidad, aunque resultara mínima. Y para aplicar esta exención sin entrar en conflicto con la directiva comunitaria, la Xunta recurrirá a la disposición adicional decimocuarta de la Lei de Augas, donde se recoge como una posibilidad de excepción el que la ejecución de la recaudación resulte "antieconómica", esto es, que la gestión del servicio tributario sea más costosa para la Administración que la propia recaudación.

"La ley traslada la Directiva Marco del Agua de la UE a la normativa gallega y teniendo en cuenta la realidad de Galicia, hemos establecido que en las captaciones de traídas vecinales y de pozos se establezca una rebaja del 80% en la aplicación del canon. Pero existe una disposición transitoria, pensando precisamente en esto, que en los casos en que la recaudación no justifique la ejecución de la gestión tributaria, no se aplicará el canon del agua. Por lo tanto, la idea que tiene este Gobierno es que en las captaciones de comunidades de usuarios y en los pozos no se va a aplicar el canon del agua, repito, no se va a aplicar", asegura el conselleiro de Medio Ambiente.

Los cálculos que maneja la Xunta son que para una familia tipo con captación propia o vecinal y tras la reducción de la tarifa en un 80%, se le tendría que cobrar unos diez céntimos al mes. "Por doce meses, son 1,2 euros al año y no tiene sentido que se despliegue toda una gestión tributaria para recaudar únicamente 1,2 euros", destaca Agustín Hernández.

Para el resto de la población, el nuevo canon del agua supondrá alguna modificación, ya que se establece una tarifa fija y otra variable por tramos en función del consumo mensual y del número de personas por hogar. Según la previsión de la Xunta, un tercio de los hogares tendrán que pagar menos, pero el resto, dos tercios, deberán pagar doce euros más al año con respecto al canon en vigencia.