La Xunta aprobará este jueves cambios en la normativa que regula las oposiciones a la Administración autonómica para impedir que un funcionario pueda formar parte del tribunal que juzga las pruebas y aspirar al mismo tiempo a una plaza. De esta manera se pretende evitar sospechas como las surgidas con los dos jefes de servicio de la Consellería de Facenda que integraban el comité de evaluación del proceso selectivo convocado para la categoría A1 a pesar de que ellos mismos concurrían a estos exámenes para optar a un puesto del cuerpo superior de la Xunta.

Tanto desde el departamento que dirige Marta Fernández Currás como desde el PP defendieron la limpieza de este proceso advirtiendo que hasta ahora era "legal" que una misma persona opositase a una plaza y formase parte del tribunal de esa oposición. Aún así, los dos jefes de servicio de Facenda implicados renunciaron a su puesto en el comité de evaluación y días después dimitieron los demás miembros del tribunal.

Las medidas para despejar las suspicacias surgidas en torno a los procesos selectivos de la Xunta no se limitaron a estas dimisiones. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, fue el primero en advertir que habría que cambiar las instrucciones que regulan las oposiciones para darles más garantías.

Este jueves el Consello de la Xunta aprobará una nueva regulación que introducirá fundamentalmente dos novedades. Una de ellas será "incrementar la obligación" de los miembros de los tribunales de informar de cualquier caso que suscite sospechas en torno a la equidad o transparencia del proceso, tal y como explicó ayer el director xeral de Función Pública, José María Barreiro. "Aún estamos perfilando qué casos pueden sembrar dudas, cuando surjan deben informar inmediatamente", informó.

La otra novedad es la de impedir que un miembro del tribunal –todos los integrantes de los comités de evaluación son funcionarios bien de la Xunta o de otra administración– pueda concurrir como aspirante a una plaza de esas mismas oposiciones. "Se van a aumentar las causas de abstención que pudiesen plantear alguna duda", comentó Barreiro. Esto en la práctica impediría que en el futuro se repitan casos como el de los dos jefes de servicio del departamento de Facenda.

Estos dos cargos del departamento de Fernández Currás formaban parte del tribunal para las oposiciones de la categoría A1. Ellos se encargaban de corregir las pruebas de los aspirantes que concurrían por la vía del acceso libre, mientras que otros miembros del tribunal asumían la evaluación de las pruebas de los opositores que, como los dos jefes de servicio, optaban a ascender de escala a través de promoción interna.

A pesar de todas las medidas adoptadas por la Xunta tras destaparse este caso, el director xeral de Función Pública mantiene que no hubo ninguna irregularidad y advierte que la prueba es que en el primer examen de estas oposiciones los dos cargos de Facenda quedaron en los puestos 21 y 30, de manera que uno de ellos ni siquiera las superó. "Los resultados despejan cualquier duda", defendió Barreiro.