Por descontado dio la conselleira de Facenda que una vez que la admisión a trámite del recurso contra la ley de cajas en el Constitucional se recogiera en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la puerta de los consejos de administración de Caixanova y Caixa Galicia se abría de par en par para los miembros con más de 70 años. Eso ocurría el viernes. Un día después, y con la notificación publicada, la Xunta vinculó el posible cese –que afectaría al presidente de la caja viguesa, Julio Fernández Gayoso, dos de sus vicepresidentes y un vocal de la entidad coruñesa, Antonio Naveiras– a un estudio de la asesoría jurídica de San Caetano. Ahora el presidente del Ejecutivo gallego asegura que lo que estudia la consellería es si la razón de edad se puede aplicar "en función de la normativa estatal". Es decir, de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas, la Lorca, que tampoco recoge esa opción. Ser menor de 70 años es una condición que hay que cumplir "en el momento de la toma de posesión".

El artículo 18 de la Lorca blinda la irrevocabilidad de los nombramientos con las únicas salvedades–además del fallecimiento o renuncia– de "supuestos de incompatibilidad sobrevenida", un acuerdo "por causa justa" de la Asamblea o la "pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la designación".

¿Cuáles son esos requisitos? Los marca el artículo 7: residir en la zona de actividad de la caja, mayor de edad, al menos dos años de antigüedad como impositor, estar al día en el cumplimiento con cualquier préstamo y no caer en las incompatibilidades que establece otro artículo, el 8, y que prohiben ser vocal a condenados, cargos de otras cajas o a los que tengan contratos con empresas participadas por la entidad.

La nueva ley gallega sí permitía el cese instantáneo de los miembros de los consejos al cumplir los 70 años. Pero ese punto está paralizado por el Constitucional, ya que forma parte del artículo que veta que cualquier sector, salvo el Parlamento, tengan más de un vocal.

Aún así, Núñez Feijóo mantiene que el estudio de Facenda se centra en la posibilidad de cesar por edad con la Lorca –a la que de momento no se acondicionan los cinco puntos que quedan pendientes de acuerdo con el Gobierno central– y por incompatibilidad de los cargos políticos en función de la normativa gallega. "Afectaría a los de más de 70 años, alcaldes, un presidente de una diputación...", sostiene, mientras recuerda que entre los preceptos impugnados están también la etapa transitoria que se dejaba a las cúpulas de las cajas mientras se renovaban sus órganos de dirección. El presidente de la Xunta parece dar por hecho que el informe jurídico avalará sus tesis a la vista de su última advertencia. "Supongo que no seremos culpables del recurso de inconstitucionalidad, al Gobierno gallego no se le puede imputar los efectos que tenga", asegura.