El vértigo de los acontecimientos que sacuden al planeta en los últimos tres sufridos años convierte a la crisis en un auténtico ejemplo de thriller cotidiano y real con pocos visos, por lo menos de momento, de acabar con un desenlace más o menos feliz. Una película que asusta. Que estremece. "Mira a esta gente. Va por ahí andando sin saber lo que se nos viene encima", cuenta al volante de un coche de lujo y casi impertérrito uno de los protagonistas de la inquietante Margin Call, el filme que se inspira en el hundimiento de Lehman Brothers en septiembre de 2008 para narrar cómo en una noche los mercados pueden saltar por los aires. El momento en el que uno más uno dejó de sumar dos. En el que la vida global cambió para siempre sin que la mayoría de los ciudadanos sepan exactamente por qué. Ahí está otro de los aciertos del largometraje y de las claves de la convulsa situación económica. Nuestro día a día depende de macrocifras que nos superan y de un lenguaje que no entendemos. De hecho, todo comenzó, supuestamente, con el contagio al continente europeo del pinchazo de las hipotecas subprime norteamericanas, de las que el sistema financiero español mantenía la distancia. Su problema era otro. Es otro. El enorme lastre que las entidades acumulan también al ladrillo, aunque directamente, con los 176.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos y que la profunda reestructuración del sector todavía no logró digerir.
Las idas y venidas de esa reestructuración, entre las patatas calientes que llegan a manos del futuro presidente del Gobierno, se ilustran con tres intervenciones históricas en el sector por parte del Banco de España –desde el 93, con la de Banesto, que no se daba una– y tres reformas, una por cada ejercicio, con el empujón que en dos ocasiones aportaron también las autoridades europeas. El pistoletazo de salida, las primeras alarmas, saltaron a finales de marzo de 2009 cuando el supervisor tomó las riendas de Caja Castilla-La Mancha (CCM). La inyección para estabilizarla ascendió a 9.000 millones de euros. "Ninguna otra entidad está en estas circunstancias. Estoy tranquilo, pero nadie es inmune a corto plazo", explicaba en aquel momento el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Lejos de mejorar, la situación económica siguió languideciendo, más lastre de la construcción para cajas y bancos y el peligro, como acuñó el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez en otra de las ya míticas expresiones de este proceso, de que aparecieran "entidades zombies".
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se estrenó precisamente con la alimentación de CCM, que luego acabó en manos de Cajastur. Inicialmente, el Gobierno se había dedicado a avalar operaciones de financiación y comprar activos de las entidades para garantizar su liquidez, pero con el FROB abrió el camino a atajar las debilidades de algunas mediante el matrimonio con otras más fuertes. La reforma de la ley de cajas puso la puntilla, con el reconocimiento de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) como fusiones frías y, sobre todo, el refuerzo sobre la tutela del sector. La primera ronda de ayudas, con una factura de más de 10.000 millones de euros, facilitó el nacimiento de Bankia, CatalunyaCaixa, Banca Cívica, Mare Nostrum, Caja España-Duero, Unnim y Novacaixagalicia, además de rescatar a Cajasur, la segunda intervención pública en este periodo, y su cesión después a BBK.
La fotografía que del ajuste tomaron los primeros test de estrés al sistema europeo no dejó muy mal al sector español. Todas las entidades, a diferencia del resto de países, se sometieron al examen. Y solo cinco, ninguna de las grandes, suspendieron.
El Gobierno sacó pecho. Hasta que la enésima crisis de deuda que azotó a los mercados y especialmente a la prima de riesgo española a principios de este año obligó al Ministerio de Economía y al Banco de España a dar otra vuelta de tuerca al proceso. Elena Salgado defendía una y otra vez la fortaleza de cajas y bancos, pero con el matiz de que parte de las incertidumbres sobre las emisiones del Tesoro arrastraban la incredulidad de los inversores hacia el sector. Así nació el polémico decreto de solvencia, que marca un mínimo del 8% de capital principal a las entidades con menos dependencia de la financiación mayorista o más de un 20% de accionariado entre socios y un 10% al resto. O, lo que es lo mismo, la invitación inexcusable a las cajas a privatizarse con un escrupuloso calendario de cumplimiento y la amenaza de intervención del FROB.
Y el fondo tuvo que aparecer de nuevo para hacerse con más del 90% de Novacaixagalicia y CatalunyaCaixa, y el 100% de Unnim. Otros 4.751 millones de euros. La CAM, descolgada de su fusión con Cajastur, protagonizó la tercera intervención del Banco de España –su agujero podría rondar los 16.000 millones de euros– y el cierre momentáneo de la primera fase de la reestructuración, junto con la unión inaugural entre bancos. El Pastor –uno de los otro cinco suspensos de los test de estrés europeos, todavía más discutidos este año por la doble vara de medir con España– camina a su integración en el Popular.
¿Pero es que habrá una segunda? Sin duda. Todos los expertos lo tienen claro y el sector lo da por hecho. La subasta de la CAM abrirá el fuego, a la espera de lo que ocurra con el resto de entidades nacionalizadas. El Banco de España ya encargó a la firma japonesa Nomura que apure una salida a Unnim y la recapitalización tanto de Novacaixagalicia –que necesita, según su presidente, José María Castellano, unos 800 millones en socios para frenar su venta– como de CatalunyaCaixa es complicadísima.
La imposición de recursos que Bruselas acaba de calcular a los bancos sistémicos –Santander, BBVA, Bankia, Caixabank y Popular en España– dentro de su cortafuegos a la crisis griega suponen un aliciente más para mover los hilos. A lo que se une el freno en seco del negocio y los elevadísimos vencimientos de deuda que el sector afronta el próximo año. Unos 120.000 millones que, o se abonan o se refinancian en pleno cierre de los mercados y a intereses tan desorbitantes que amenazan la viabilidad de las cuentas.
Ante un túnel tan negro y una economía que no levanta cabeza, no son pocos los líderes financieros españoles que estos últimos días pidieron –indisimuladamente en algunos casos– la creación de un gran banco malo público que absorba los activos inmobiliarios dañinos. Como hizo en su momento Irlanda a través de NAMA, convertida en una de las mayores inmobiliarias de Europa con casi 75.000 millones en inversiones. Además de la impopularidad de socializar las pérdidas que el sector acarrea en inmuebles y suelo, o un probable incremento del déficit público, el gran reto está, precisamente, en poner un precio adecuado a las propiedades y echarle paciencia para aguantarlos al máximo posible en cartera. Las diferencias de valor hay que aprovisionarlas –como teóricamente hicieron todos estos años las entidades– y cualquier estrategia de venta de gangas implica poner la diferencia del bolsillo propio.
Un enorme rompecabezas impregnado de ese lenguaje financiero difícil de asumir, pero de lo que depende algo tan básico, y tan necesario, como que el grifo del crédito se reabra. La salida para miles de familias y empresas y la obsesión del futuro inquilino de Moncloa.
