La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, publicó el viernes un artículo alabando la ley de Cambio Climático, de la que dijo “ha arrancado la fase final” esta misma semana de cara a su aprobación. El texto, publicado en La Vanguardia, contenía una frase que ha escocido mucho en Galicia. “Éste es un proyecto de ley participado, justo y equilibrado”. Tres cosas que, desde luego, no comparten ni la Xunta ni el sector mar-industria, apartado desde el principio de una tramitación que en su redactado original los obliga prácticamente a la desaparición al contener artículos que modifican la vigencia de sus concesiones.
Decenas de conserveras, cocederos y depuradoras de marisco que tras años y años asentadas en el litoral de la comunidad (algunas desde hace más de un siglo) ven peligrar su existencia en lo que califican como “el mayor problema de los últimos 50 años”. Y no exageran. Para Ribera, la ley “ofrece un marco de confianza a los inversores”. “¿Qué banco o inversor piensa en aportar capital a una empresa que no sabe cuánto tiempo va a estar donde tiene que estar, cerca del mar?”, responde la recién creada Confederación Sectorial Mar-Industria. A la espera de lo que contengan las no pocas enmiendas presentadas, el sector se teme lo peor, sobre todo después de que Costas del Estado haya aplicado este articulado restrictivo en empresas como Stolt Sea Farm, Paquito o Tres Mares. Esto ha provocado que las empresas pongan sus ojos en el norte Portugal, donde “ponen una alfombra” para su implantación. De momento, un cocedero ya rubricó su salida y al menos otras tres firmas están en trámites para ello.
“Ahora estamos en un limbo; pedimos seguridad y estabilidad”
La ley de Cambio Climático incluye dos artículos (18.3 y 18.4) que afectan a este sector al regular el régimen legal de las concesiones de ocupación marítimo-terrestre. Eso supondría por un lado hacer “más exigentes y discrecionales” los requisitos para que estas empresas puedan seguir en su ubicación y, por otro, recortará el plazo de duración de las prórrogas actualmente vigentes. En la práctica, la actual prórroga extraordinaria de hasta 40 años más de los ya disfrutados por el concesionario (hasta un máximo de 75) se vería recortada al computarse la prórroga desde el primer día de la concesión.
Ribera recuerda en su artículo que el objetivo último de la legislación es “lograr la plena descarbonización en el 2050”, un objetivo que persigue la propia Comisión Europea y que obliga a un cambio en el modelo económico. Lo que no entiende la nueva Confederación gallega es.... “¿Qué tiene que ver una depuradora de marisco, por ejemplo, con esto?”. “No se ha hecho ningún estudio previo ni consulta. Nos ha cogido a nosotros en el medio de la guerra; desde luego no conoce Galicia con normas tan absurdas como esta”, explica Roberto (Tito) Fariña, de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade).
“Tienen que ver que esta ley no es del agrado del sector ni la política gallega”
Agade forma parte de la nueva agrupación empresarial surgida para intentar frenar el articulado. En ella también están la patronal conservera Anfaco, la acuícola Apromar o el Clúster de la Acuicultura. “Y se sumarán más. El Ministerio tiene que ver que esta ley no es del agrado del sector, de la política local ni de la autonómica en Galicia”, resume el secretario general de Anfaco, Juan M. Vieites.
La unión nace tras meses haciendo ruido y movilizándose para intentar incluir enmiendas que incluya excepciones para un sector que, por la forma de trabajar, necesita estar cerca del mar. Ni la anunciada por el PSOE el pasado septiembre en la que se excluiría a estas empresas tranquiliza a la industria. Tampoco las más de 750 (según El Mundo) que se han presentado, ya que todavía no se conoce el contenido. “No sabemos todavía, después de una decena de prórrogas, cómo han quedado”, indica Fariña, que añade: “Ahora mismo estamos en un limbo y lo que pedimos es seguridad y estabilidad”.
Nombre: Ley de Cambio Climático
Fecha de presentación: Mayo de 2019
Enmiendas presentadas: +750
De lo contrario, como apunta Vieites, “hay fábricas con miles de empleos que van a desaparecer... Y otras están valorando irse”. Esto último, de hecho, ya está pasando. Según explican desde la Confederación las empresas son conscientes de que, si se ven obligadas a irse a un polígono, lejos de la ribera del mar, no podrán continuar su actividad (“no hay un cocedero que triunfase fuera de la costa”, recuerda Fariña), por lo que están buscando alternativas. Y como sucede en otros sectores, Portugal ofrece lo que buscan. “Allí no se cuestiona la sostenibilidad de la actividad”, recuerdan. Por el momento los casos más comunes son los de empresarios de cocederos o depuradoras, que ya preguntan y ver posibilidades. “Y hay un cocedero que ya se decidido por la zona de Matosinhos”, añaden. A eso se suman también las muchas inversiones paralizadas a la espera de tener seguridad jurídica. “De hecho no se va a conseguir capital mientras no se garantice un futuro a medio plazo” resumen.
Para la Confederación la ley noquea por completo al complejo mar-industria, pero tanto Vieites como Fariña –así como el resto de implicados– insisten en que “es fácilmente solucionable”. Reclaman a Ribera que “venga, se ponga un traje de aguas y sepa lo que es Galicia de primera mano”. El reloj ya está contando.
