Los profundos cambios que el Ministerio de Industria aplicará a partir del 1 de abril en el recibo de la luz incluyen la obligación de las eléctricas de ofrecer a los consumidores contratos de duración anual con un precio único del kilovatio como alternativa a la nueva tarifa, cuyos precios variarán según las horas del día. Tales contratos serán algo más caros, según ha reconocido el Gobierno, e incluirán una penalización si el usuario quiere desistir antes del plazo fijado. El compromiso de permanencia, que tanta polémica provocó en el mercado de la telefonía móvil, llega de ese modo al servicio de la luz.
A partir de abril, los 16 millones de hogares y negocios que pagan la tarifa (ahora llamada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) tendrán básicamente las siguientes opciones:
1 - Continuar acogidos a la tarifa regulada y empezar a pagar sus consumos de luz a precios que variarán cada día y cada hora, al depender de los resultados del llamado mercado mayorista de la electricidad, donde a diario las empresas comercializadoras y la productoras de energía realizan sus transacciones para casar la oferta y la demanda. Se trata de un mercado donde los precios oscilan continuamente en función de variopintas circunstancias. La volatilidad es tal que la facturación de un recibo bimestral puede llegar a tener hasta 1.440 precios distintos.
2 - Salirse de la tarifa y contratar la luz en el mercado libre, aceptando alguna de las ofertas de las empresas comercializadoras, que en el mejor de los casos implicaban hasta ahora ahorrar unos pocos euros al año.
3 - Aceptar un nuevo tipo de contrato que las principales comercializadoras estarán obligadas a ofrecer para los consumidores que quieran tener un precio estable del kilovatio consumido.
La propuesta que el Ministerio de Industria ha puesto sobre la mesa concreta algunos los principales pormenores de ese nuevo contrato. Las eléctricas quedan obligadas a presentar sus ofertas antes del 30 de abril. Estas deberán incluir información de los costes regulados y de los impuestos (partidas que suman aproximadamente el 60% del recibo) y el precio fijo del kilovatio que se aplicará a la energía utilizada (40% del recibo). En principio no se trata de un contrato de tarifa plana, porque no se pagará una cantidad fija al margen del consumo, pero sí será estable lo que el cliente abonará por cada kilovatio consumido. Ese precio sólo podrá revisarse al cabo de un año.
La volatilidad y complejidad que tendrá la tarifa a partir de abril abre la expectativa de que un número considerable de usuarios se incline por recurrir a los contratos anuales con precio fijo. Pero presentan dos inconvenientes: de una parte, como ayer mismo reconoció el ministro de Industria, José Manuel Soria, el precio de esos contratos será con seguridad "algo más alto" que el de la nueva tarifa; de otra parte, los contratos incluirán una cláusula equiparable al compromiso de permanencia de la telefonía móvil.
Tal cláusula penalizará a los consumidores que quieran dejar el contrato antes de alcanzado el año para volver al sistema de tarifa o aceptar una oferta favorable de otro suministrador en el mercado libre. El borrador de la norma que ultima el Gobierno supone que la penalización puede llegar al 5% del coste estimado que queda por facturar hasta cumplir el año de vigencia del contrato. Se trata de una estipulación análoga a las que estuvieron generalizadas en el negocio de la telefonía móvil y que han ido desapareciendo.
Ayer volvieron las críticas de las organizaciones de usuarios a los cambios que ultima el Gobierno. El colectivo Facua denunció que el nuevo sistema para fijar las tarifas eléctricas no sólo facilitará a las compañías nuevas subidas injustificadas, sino que vulnera la legislación española en materia de consumo. Según esta organización, la metodología de cálculo de los precios hará que los usuarios no conozcan de antemano las tarifas que se les aplicarán.
