Además de las querellas que pesan sobre él y que dan forma al 'caso Pescanova' en la Audiencia Nacional, los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra los consejeros de la compañía y el presidente, Manuel Fernández de Sousa, son los que pueden precipitar la decisión de inhabilitarlo. Así consta en una diligencia dictada este mismo viernes, a la que ha tenido acceso FARO, en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz da por buena la petición de los fiscales de certificar que Sousa cometió presuntamente un delito societario, tipificado en el artículo 294 del Código Penal, relativo a la ocultación de información. "Requiérase a la CNMV para que tan pronto se confirme su participación en los hechos, se informe a este Juzgado remitiendo copia de los documentos". "Recibida la comunicación, se acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial", agregan fuentes jurídicas en referencia al auto del juez.
"El informe de Fiscalía es muy duro", sostienen el abogado Ángel Sutil, personado en la causa. "Abre la puerta definitivamente a la inhabilitación". El texto de Anticorrupción especifica que la CNMV ha abierto dos expedientes. El primero, "contra todos los consejeros de Pescanova SA por la falta de remisión del informe financiero de la entidad correspondiente al segundo semestre de 2012". El segundo es "contra el presidente y algunos ejecutivos por no haber proporcionado a la CNMV determinada información" que se les solicitó los días 1, 12 y 15 de marzo y el 5 de abril. Este último expediente, según los fiscales Juan Pavía y Concepción Nicolás, califica la conducta "expresamente como negativa o de resistencia a la actuación supervisora o inspectora" del organismo que preside Elvira Rodríguez. "Con esta tipificación particular, los hechos podrían encajar en la descripción típica" del artículo 294 del Código Penal.
¿Qué dice? "Los que, como administradores negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses". Sousa, recuerda el juez Ruz, es el "único con la condición de administrador". Anticorrupción considera que se puede identificar "objeto, sujeto y fundamento" entre el expediente de la CNMV y el procedimiento judicial contra el presidente de la pesquera gallega.
La suspensión
Los fiscales prosiguen y solicitan al regulador que, "tan pronto confirme la participación" de Fernández de Sousa en los hechos, la CNMV deberá actuar en base al artículo 7 del Real Decreto 1398/1993. "Recibida la comunicación y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder. el órgano competente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial", dice textualmente ese artículo séptimo de la ley sobre la Potestad Sancionadora.
Además de los delitos por los que el presidente de la multinacional ya está imputado (falseamiento de información económica, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante), el Ministerio Público avanza que también investiga hechos que "podrían ser constitutivos" del delito de estafa.
