Las extensas listas de espera que registran las escuelas infantiles de A Galiña Azul de Porriño, -suman, a día de hoy, 167 solicitudes sin atender- podrían verse reducidas el próximo año al contar el municipio con una nueva guardería. Aunque no sería pública, como sí lo son las de Donantes y Torneiros, daría respuesta a la demanda de un servicio deficiente en el municipio y que, en este caso, respondería sobre todo a los padres que trabajan en los polígonos industriales.

La Entidad Urbanística de Conservación de A Granxa ha presentado solicitud a la convocatoria de ayudas de la Xunta de Galicia para la creación de escuelas infantiles, de 0 a 3 años, en polígonos industriales y parques empresariales. Ya lo hiciera en 2016 y en 2017 pero por una serie de requerimientos técnicos el proyecto no se llegó a ejecutar.

Precisamente, esa traba surgida en los años pasados, relacionada en ambos casos con la ubicación de las instalaciones, este año quedarían salvada ya que, desde el Concello de Porriño han puesto a disposición de los empresarios una parcela dotacional municipal para promover esta iniciativa. Así se lo ha trasladado la alcaldesa Eva García de la Torre a Indalecio Cuevas, presidente de la Entidad de A Granxa, en una reunión. Se trata de una superficie, actualmente sin uso, situada en el PPI6 sector 2.

Aunque quedan varias cuestiones que detallar del proyecto, ha transcendido que la escuela infantil podría llegar a ofrecer 82 plazas, divididas en diferentes unidades, y, una vez concedida la subvención, las obras darían comienzo este mismo año para, previsiblemente, entrar en funcionamiento en 2019. Con todo, la Xunta subvenciona hasta un cien por cien del coste total de la inversión realizada, con un límite máximo global por escuela y entidad beneficiaria de 200.000 euros. Aunque no ha transcendido el importe de este proyecto, sí se confirma la superación de esta cifra al indicar que "se estudiará cómo financiar la parte restante".

El plazo de presentación de solicitudes se cerró la semana pasada y ahora el ejecutivo autonómico tiene un periodo de resolución de hasta cinco meses.